El responsable de la lucha contra el terrorismo yihadista del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA), Juan Carlos Marín, ha advertido de que el Estado Islámico podría tener capacidad para atentar en España en un medio plazo. Asimismo, ha anunciado que mandos dedicados a la lucha contra este terrorismo han creado un grupo de trabajo que
«Creemos que Estado Islámico no tiene hoy capacidad para hacer un atentado en España, pero a medio plazo sí puede tenerla», ha dicho Marín en una mesa redonda sobre yihadismo organizada por el Real Instituto Elcano en la Casa Árabe.
Marín ha revelado que «desde el CNCA se mantienen reuniones con Policía y Guardia Civil y el CNI en un grupo de trabajo de análisis legislativo que trata de aportar desde el punto de vista de las fuerzas de seguridad posibles actuaciones dirigidas al legislador. Según ha dicho, se trata de «diferentes opiniones sobre modificaciones que podrían favorecer la lucha contra este fenómeno».
Ha añadido que entre estas medidas estaría «la relativa a la prohibición de entrada España, cancelación de permisos de residencia, prohibiciones de salida del territorio nacional, pérdida de la nacionalidad, de beneficios sociales, reformas en el articulado del Código Penal, por supuesto y otras relativas a fronteras documentación… Abordamos diversos puntos de vista».
Marín ha cifrado en torno a 60 los yihadistas que han partido desde España a combatir a Siria e Irak, en su mayoría de origen magrebí. No obstante, ha apuntado que muchos de ellos ya han muerto por lo que estima que quedan entre 30 y 35 combatiendo en esas región.
«Los tenemos a la puerta de casa»
Ha manifestado su preocupación por la escisión reciente en el seno de AQMI (Al Qaeda) en el Sahel de un grupo argelino que ha jurado fidelidad a Estado Islámico y que está detrás del asesinato del ciudadano francés. «Los tenemos en la puerta de casa», ha dicho. En cuanto a otras medidas a adoptar para prevenir esta amenaza, Marín ha recordado que el Gobierno va a aprobar un plan contra la radicalización violenta.
Por su parte, el investigador principal de Elcano, Fernando Reinares, ha dicho que España no es de los países que más combatientes extranjeros ha enviado a Siria e Irak y lo ha achacado a que la inmigración musulmana es de primera generación y es una inmigración básicamente de motivación económica.
Lo ha comparado con países como Francia o Reino Unido de donde han salido numerosos yihadistas, en su mayoría inmigrantes de segunda o tercera generación, que son las más proclives a la radicalización. Esa es también, según ha dicho, la razón por la que siete de cada diez detenidos españoles por este tipo de delitos son de Ceuta o Melilla, donde sí hay inmigrantes musulmanes de segunda y tercera generación.
Yihadistas absueltos que vuelven a sus actividades
Asimismo, ha advertido de que la situación en Siria e Irak no ha provocado nuevas redes de captación y envío de yihadistas, sino que ha «reactivado las que ya existían y que fueron desarticuladas en su momento, pero no por completo». En ese sentido, ha destacado que algunos de los yihadistas detenidos recientemente fueron detenidos en el pasado y posteriormente resultaron absueltos «y volvieron a sus actividades».
Esa versión la ha corroborado la coordinadora para terrorismo yihadista de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Dolores Delgado, quien ha admitido la dificultad para encontrar pruebas directas más allá de las indiciarias y ha destacado que el Tribunal Supremo «es muy restrictivo en la valoración de la prueba». «La mera adscripción ideológica no es suficiente para condenar», ha explicado.
En ese sentido, ha defendido reformas y ha afirmado que cuando una persona radicalizada acepta viajar a Siria lo hace asumiendo las actividades del grupo con el que va a combatir por lo que cree que eso ya podría ser considerado delito, ya fuese de integración o colaboración.
Por otra parte ha manifestado que Ceuta y Melilla son dos ciudades en las que «todo el mundo se conoce» y ha apuntado que hay personas de esos lugares preocupadas por esta amenaza. Pero en estos casos, Delgado ha lamentado que la legislación no cuenta con una buena red de protección de testigos que ofrecer quienes quisieran colaborar.