El anuncio lo han realizado en una protesta en contra del nombramiento como nuevo ministro de Justicia de Rafael Catalá, a quien acusan de ser el «responsable político directo del accidente» durante su mandato como secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, cargo que ocupó cuando se produjo el accidente en Angrois.
Los asistentes a la concentración convocados por la Plataforma de Víctimas Alvia 04155 se han mostrado «indignadas» por el nombramiento de Catalá y, durante la protesta desarrollada ante la sede del Ministerio, han desplegado una pancarta y han leído cinco preguntas dirigidas al presidente de Gobierno, Mariano Rajoy.
En concreto, le han preguntado al jefe del Ejecutivo cuestiones como si la asignación del nuevo ministro es un «premio por su defensa a ultranza de los negocios de la alta velocidad» o si es un intento para que «interfiera de manera indirecta en el proceso judicial que hay abierto con varios imputados de Adif».
Además, las víctimas han lamentado que Rajoy no haya encontrado alguien más idóneo para esta responsabilidad «entre los 800.000 militantes del PP» ya que, en su opinión, Catalá «ha mentido descaradamente» al sostener que la línea en la que se produjo el accidente no era de Alta Velocidad.
De esta forma, la plataforma ha responsabilizado al nuevo ministro de la gestión en la retirada del sistema de frenado RTMS y le han acusado de haber obstaculizado la investigación judicial.
Por este motivo, han reclamado una comisión de investigación parlamentaria para «aclarar la verdad y depurar responsabilidades políticas» a pesar, han dicho, de la negativa mantenida hasta ahora tanto de PP como PSOE.
PRESIONES DE CATALÁ
Las víctimas acusan a Catalá de «mentir» y de entregar la documentación que demandó el juez «tarde, mal e incompleta». Una documentación, han añadido, que el juez «ha tenido que demandar una y otra vez», según ha manifestado Teresa Gómez Limón, portavoz de la plataforma y exdiputada del PP en la Asamblea de Madrid.
Teresa Gómez Limón, víctima del accidente y muy crítica desde entonces con la gestión del Gobierno, ha revelado que recibió una llamada de Rafael Catalá cuando estaba aún convaleciente en la que recibió «presiones» por haber pedido la dimisión de los presidentes de Adif y Renfe.
Según la exdiputada del PP, Catalá le llamó a su casa para afearle sus críticas, teniendo en cuenta que pertenecía al partido que sustenta al Gobierno. García-Limón abandonó la formación en septiembre de 2014 y pasó a ser diputada no adscrita.