La portavoz nacional de UPyD, Rosa Díez, ha anunciado que su partido ha formalizado este miércoles la presentación ante un juzgado de Barcelona de una querella contra el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y su esposa Marta Ferrusola en calidad de «instrumento de los ciudadanos»
En declaraciones a los periodistas con motivo de un acto en Sevilla contra la corrupción, Díez ha señalado que este jueves, asimismo, se hará lo propio en la Audiencia Nacional contra el hijo primogénito del expresidente catalán, Jordi Pujol Ferrusola, al que ya investiga el juez Pablo Ruz.
En este caso, la querella será más amplia, ya que «en los temas de Pujol hijo se dan algunas connotaciones que afectan a otros políticos en activo».
«Es nuestra obligación», ha resumido la líder de la formación magenta, que ha indicado que le gustaría que lo hiciera la Fiscalía, pero si no lo hace lo tendrá que hacer su partido, ha considerado, como ya hizo en los casos de Bankia o las preferentes.
Díez ha manifestado que UPyD se siente en la obligación de intentar que «aquellos que se han corrompido y enriquecido con el dinero de los ciudadanos paguen lo que han hecho, desde el punto de vista político, por supuesto, pero también desde la perspectiva penal y patrimonial».
Y es que, ha expuesto, el partido pretende no solo que se les juzgue y, llegado el caso, se les condene, sino que además «tienen que devolver lo que han robado a los ciudadanos».
«Lo hacemos con mucho esfuerzo porque a un partido de nuestra dimensión nos cuesta tener a una parte de la gente dedicada a hacer querellas, pero con dedicación», ha apostillado.
Siete delitos
La querella, a la que ha tenido acceso Europa Press y que se ha presentado en un juzgado de guardia de Barcelona, interpone siete delitos a Pujol y Ferrusola: cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, delito contra la hacienda pública, falsedad en documento público, blanqueo de capitales y prevaricación.
Los abogados fundamentan la querella en torno al comunicado que Pujol hizo público a finales de julio, donde confesaba que tuvo cuentas sin regularizar en Andorra y en informaciones periodísticas e informes policiales que apuntan presuntas irregularidades.
Concluyen que «fruto de esta actividad delictiva, se estima que el matrimonio Pujol Ferrusola podría tener depositados en paraísos fiscales en torno a 1.800 millones de euros».
La querella afirma que «existen indicios fundados de los negocios del Govern con la familia directa de Jordi Pujol Soley y su entorno personal y político» y citan varias empresas relacionadas con Ferrusola y los hijos.