Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Ésta es la ambigua respuesta que lleva dando el Gover de Artur Mas después de que el Ejecutivo de Rajoy impugnara ante el Tribunal Constitucional la Ley de Consultas catalana y la convocatoria independentista del 9 de noviembre. El líder catalán nunca ha sido claro con su hoja de ruta. Dice que no va a incumplir la ley, sin embargo, sigue asegurando que la consulta se va a celebrar. La última vez que adquirió este compromiso con los catalanes fue este domingo, durante el XXV Concurs de Castells de Tarragona.
El líder catalán está «convencido» de que el Constitucional avalará su consulta, pero ¿y si no es así? Ésta es la respuesta que Artur Mas aún se niega a desvelar. Está claro que el presidente de la Generalitat no quiere enfadar a sus socios políticos, con los que tampoco es claro. Pero también parece evidente que no está por la labor de saltarse la ley. El callejón sin salida al que ha llegado no le deja muchas opciones, sin embargo, la Generalitat sigue sembrando dudas y buscando el misterio. Por el momento, el Constitucional ha suspendido cautelarmente el procedimiento. Y aún así, Mas ha firmado un nuevo decreto con el que ha nombrando a siete miembros de la Comisión de Control del 9N, órgano equivalente a una Junta Electoral. El Gobierno volverá a impugnar. Y suma y sigue.
Ahora, el conseller de Presidencia, Francesc Homs, y sin dar nada por supuesto, ni siquiera la celebración de la consulta, ha asegurado que en caso de que se tuviera que tomar una decisión sobre si se ponen o no las urnas el 9 de noviembre si finalmente no se levantara la suspensión cautelar del Tribunal Constitucional antes de esta fecha, ésta es una decisión que no se debería adoptar el «7 o el 8» de noviembre, sino «alrededor del 13, 14 y 15» de octubre. Lo que significa que la Generalitat aún no tiene nada claro.
Un titubéo, que ha dejado «descolocado» a ERC. «El Gobierno nos ha descolocado al ponerle una posible fecha de defunción a la consulta, ya que el viernes se acordaron todas las garantías democráticas para llevarla a cabo», ha dicho la portavoz de Esquerra Republicana, Anna Simó, en referencia a la maratoniana reunión de partidos celebrada en el Palau de la Generalitat. Sobre las palabras de Homs, Simó ha asegurado que se trata de “declaraciones unilaterales” y ha dado por hecho que pedirán explicaciones.
Primera espantada en Cataluña
Una ambigua actitud que se une a la primera espantada en todo este proceso. El catedrático de Ciencia Política de la UAB Joaquim Brugué, uno de los miembros de la comisión de control (junta electoral) de la eventual consulta separatista del 9N y próximo a ICV, ha abandonado el cargo porque cree que el referéndum «no ofrece garantías democráticas». «La renuncia es personal. Acepto todas las críticas, pero no puedo avalar una consulta que, en mi opinión, no ofrece garantías democráticas», ha explicado Quim Brugué en su cuenta personal de Twitter.
La Generalitat, por su parte, ha manifestado «respeto» por esta decisión y ha explicado que deberá ser relevado por otro candidato que proponga el grupo ecosocialista en el Parlament. Homs ha considerado que los miembros de la comisión de control de la consulta (equivalente a la junta electoral) se pueden reunir pese a que la ley del Parlament que avala dicho organismo está suspendida cautelarmente por el TC, y lo ha justificado porque esto se enmarca en «actos preparatorios» que no generan «efectos jurídicos vinculantes».