Para hacer frente a los compromisos de pago provenientes de los programas especiales de armamento, el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, ha adelantado en su comparecencia parlamentaria que en 2015 se volverá a recurrir a la fórmula de los créditos extraordinarios que se lleva utilizando en los últimos años y que en 2014 ha supuesto el desembolso de 883 millones de euros que fueron aprobados el pasado agosto.
Argüelles ha defendido este sistema porque, a su juicio, proporciona a España «credibilidad a la hora de afrontar sus compromisos de pago» y supone un «alivio importante para las empresas, que están en proceso de transformación». Además, considera que se trata de un procedimiento «transparente» porque el decreto en el que se aprueba el crédito extraordinario ha de tener el aval del Congreso.
«Por tanto, los créditos extraordinarios son un mecanismo que contempla la Ley General Presupuestaria; que avala el Consejo de Estado; que cubren necesidades de la defensa nacional; y que tienen fuertes repercusiones en un sector industrial de alta tecnología, tractor de la economía, y significativo impacto en la imagen y credibilidad de España», ha resumido.
Sin embargo, este aspecto de la financiación de la industria de defensa ha sido duramente criticado por los grupos parlamentarios de la oposición. De hecho, el portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Álvaro Sanz, ha calificado los presupuestos de Defensa de «farsa».
Gasto ya previsto
Mientras, el diputado socialista Víctor Morlán ha reprochado que el ministerio recurra a estos créditos a lo largo del año y que la dotación de éstos no se incluya en los Presupuestos Generales del Estado si ya se conoce la cifra aproximada que se va a tener que aprobar más adelante. «El decreto ley es para una urgencia, pero no para lo que está previsto, y ustedes ya lo tienen previsto», ha apuntado.
Por su lado, la diputada de UPyD Irene Lozano ha dicho que se trata de una «tomadura de pelo» para los ciudadanos porque las cuentas que se aprueban en otoño son en realidad la mitad de lo que luego se acaba ejecutando con los créditos extraordinarios.
De este modo, Lozano ha anunciado en rueda de prensa posterior que su grupo parlamentario ha solicitado el apoyo de otros diputados para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional este sistema de financiación de los programas de armamento, ya que necesita un mínimo de 50 firmas para poder llevarlo a cabo.
Según ha indicado, todavía está «a la espera» de contestación de los grupos, si bien ha dejado claro que en «conversaciones informales» existe una clara posibilidad de poder presentar el citado recurso. «Es fundamental acabar con esta práctica del crédito extraordinario porque sirve para sustentar la opacidad en el presupuesto de Defensa y la arbitrariedad en la elaboración del mismo», ha afirmado.
Los grupos rechazan apoyar el sistema de financiación
Debido a las críticas a este sistema de financiación de los programas de armamento, los grupos parlamentarios de la oposición han rechazado la oferta que había hecho previamente el secretario de Estado para llegar a un consenso de cara a «avanzar hacia un horizonte de financiación de la defensa más estable».
Argüelles ha asegurado que el Gobierno «será el primero en ponerse a su disposición y trabajar en esa línea», pero UPyD ha condicionado su apoyo a la convocatoria de una «auditoría rigurosa» de los programas de armamento para «saber cómo se gasta cada uno de los céntimos del contribuyente».
Por su parte, el socialista Víctor Morlán ha reprochado que el Gobierno pida ahora un consenso sobre financiación de estos programas cuando, según ha asegurado, él mismo ya ofreció ese acuerdo al ministerio al comienzo de la legislatura y fue rechazado.