El Gobierno tiene previsto aprobar durante la reunión del Consejo de Ministros de este viernes el Reglamento que desarrolla la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas, aprobada en 2013.
Una de las novedades del reglamento de la Ley de Costas es la elaboración de una estrategia para la «adaptación» de la costa a los efectos del cambio climático, así como la obligación de que los concesionarios de ocupaciones adopten medidas de adaptación a los efectos del cambio climático.
Por otro lado, en el reglamento se incide en la prohibición de nuevas edificaciones y «construcciones en costa», así como «de las obras que supongan cualquier aumento de volumen, altura o superficie de las edificaciones existentes». En este sentido, el reglamento exige un informe ambiental autonómico para autorizar la prórroga de concesiones de actividades potencialmente contaminantes que recoge la Ley.
En otro orden de cosas, el reglamento diferencia los tramos urbanos y naturales de las playas y otorga un mayor nivel de protección ambiental a los tramos naturales. Además, la norma restringe las ocupaciones en los tramos naturales de las playas, mientras que en los urbanos se garantiza una adecuada prestación de servicios siempre que sea compatible con su uso común.
Los eventos en las playas también han sido valorados por el Consejo de Estado, admitiendo en el reglamento solo los de «interés general y repercusión turística», siempre que se «garantice una completa conservación medioambiental de la playa».
Por otro lado, el reglamento concreta el dominio público marítimo-terrestre, el concepto de playa y el alcance de las olas, por lo que gracias a una serie de criterios técnicos y objetivos los ciudadanos podrán conocer «por primera vez» cuál debe ser la línea de deslinde y su aplicación uniforme en el conjunto del territorio.
En el reglamento también se aborda el tema de la seguridad de los bienes de dominio público marítimo-terrestre que deberán ser inscritos en el Registro de la Propiedad. En este sentido, según el Reglamento, se deberá ofrecer información gratuita a los ciudadanos sobre las líneas de deslinde a través de Internet.