El ministro de Justicia, Rafael Catalá, comparece este miércoles en la comisión del ramo del Congreso de los Diputados para detallar qué leyes impulsará en lo que queda de legislatura, habida cuenta de que su antecesor, Alberto Ruiz Gallardón, dejó diez proyectos pendientes en el Congreso y queda menos de un año de actividad parlamentaria.
Catalá ha destacado la necesidad de identificar bien las prioridades de su departamentos dada la abundante cantidad de medidas legislativas y el escaso margen de tiempo para sacarlas adelante.
Los presupuestos generales del Estado para 2015 se 'comerán' gran parte del tiempo del actual periodo de sesiones, por lo que sólo quedará el próximo para aprobar leyes de gran envergadura como la ley de jurisdicción voluntaria, el código mercantil o la reforma del Código Penal, sobre la cual ha dicho que la polémica prisión permanente revisable tiene un perfecto encaje penal.
Catalá «ajustará» la ley de tasas judiciales aprobada por su antecesor e impulsará una ronda de conversaciones con los profesionales jurídicos para analizar el impacto real que ha tenido en la caída de la litigiosidad.
Durante su etapa como secretario de Estado de Justicia de José María Michavila se aprobaron estos gravámenes pero solo asociados al orden mercantil y a las personas jurídicas, mientras que Gallardón los extendió a personas físicas, a lo Contencioso-Administrativo y a lo civil.
El nuevo titular de Justicia ha destacado también la importancia del proyecto de Estatuto de la Víctima que tramita el Congreso de los Diputados, un texto que además ha sido valorado por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Su calidad ha sido apreciada también por profesionales como el presidente de la Abogacía Carlos Carnicer, quien eso sí ha advertido de la falta de presupuesto para ponerlo en práctica.
El ministro ha dialogado ya con los operadores jurídicos también sobre la nueva Ley de Colegios y Servicios Profesionales, contra la cual se opusieron los procuradores al eliminar la incompatibilidad de su profesión con los abogados.
Catalá ha afirmado que dará continuidad al legado de Gallardón aunque, eso sí, a través del diálogo con los sectores jurídicos, una interlocución que se rompió durante la anterior etapa. Esta voluntad de consenso afectará también a textos como la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se aprobará en las próximas semanas en el Consejo de Ministros.
Por otra parte, el ministro ya ha defendido que los registradores mercantiles asuman la gestión del Registro Civil y ha negado que Gallardón le dejara la «patata caliente» de la reforma del aborto, puesto que se trata de un proyecto de todo un Gobierno.
La brigada tuitera
Tras su comparecencia, abogados críticos con las nuevas tasas judiciales agrupados bajo la plataforma la 'Brigada Tuitera' exigirán la derogación de estos gravámenes a través de una campaña de tuits masivos que se desatará en la red social a partir de las 21.45 horas.
«Es mejor que escribas tuits de tu cosecha. El tiempo de retuitear vendrá después, pero durante los primeros 10 minutos no retuitees, escribe tus propios tuits, cuantos más mejor y siempre incluye en ellos el 'hashtag' que conocerás a las 21:45», aconsejan.
La plataforma dará a conocer esta etiqueta a través de las cuentas de Twitter de los abogados Ángel López, Verónica del Carpio y el decano del Colegio de Abogados de Cartagena, José Muelas. Son @Alopez_Letrado, @Veronicadelcarp y @josemuelas.
Los letrados, juristas y profesores universitarios que apoyan esta iniciativa se identifican en Twitter a través del símbolo #T en sus fotografías, con el que pretenden mostrar su compromiso con el servicio público de la Justicia y la eliminación de las tasas impulsadas por el anterior ministro, Alberto Ruiz-Gallardón.
La plataforma tiene como objetivo fundamental «acabar con la infame ley de tasas». Sus integrantes, que no están adscritos a ningún partido político, han mantenido reuniones con formaciones como UPyD, PSOE y Ciudadanos, según han informado sus representantes a Europa Press.