El Gobierno está estudiando el registro de datos personales creado por la Generalitat para que se apunten quienes quieran votar el 9 de noviembre y no descarta impugnarlo si llega a la conclusión de que es un censo alternativo vinculado al referéndum suspendido, según ha dicho el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
«Estamos viendo qué es eso, si es un censo electoral alternativo y si ese censo está asociado con una consulta que está suspendida por el Tribunal Constitucional promoveremos también su impugnación», ha dicho Catalá en una entrevista en Los Desayunos de TVE.
Además, ha dejado claro que el Ejecutivo estará pendiente de todas las decisiones de la Generalitat e impugnará todas las que considere contrarias al marco jurídico, tal como ha hecho hasta ahora, para seguir garantizando el Estado de Derecho».
Catalá ha relatado que la semana pasada el Tribunal Constitucional trasladó al Gobierno las alegaciones que han presentado la Generalitat y el Parlamento catalán, pidiendo que no se suspenda la consulta mientras el TC resuelve el recurso presentado por el Ejecutivo central.
La respuesta de la Abogacía del Estado ha sido mantener su petición de que sigan suspendidas tanto la ley de consultas como la convocatoria de un referéndum para el 9N, porque considera que «el daño que se generaría sería mucho mayor si no hubiese suspensión».
Eso sí, Catalá ha reconocido que es difícil que el TC emita sentencia sobre el fondo del asunto en las semanas que quedan para el 9N, porque es un asunto «complejo» en que están en juego fundamentos de la Constitución como la igualdad de los españoles y la soberanía nacional.
El ministro cree que el presidente catalán, Artur Mas, hizo un ejercicio de «racionalidad y responsabilidad política» reconociendo que no podía celebrar la consulta independentista. En el plano político, no se ha atrevido a aventurar si habrá elecciones anticipadas pero sí ve evidente que hay «tensión» entre los partidos que apoyaban la consulta y ahora están «buscando una solución».