El Ministerio del Interior ha anunciado este miércoles la elaboración de un «protocolo» que establece las condiciones para la devolución sobre la marcha de los inmigrantes interceptados en las vallas de Ceuta y Melilla, en línea con la anunciada reforma de la Ley de Extranjería que dará amparo legal a estas prácticas bajo una nueva figura jurídica, el rechazo en frontera.
El protocolo se recogerá en una instrucción dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad y complementará la reforma prevista mediante enmienda en el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Regulará desde lo que se debe considerar entrada consumada del inmigrante en territorio español hasta la respuesta en caso de violencia que habrá de dar la Guardia Civil.
Según informa Interior, la instrucción, de la que avanza algunos contenidos, establecerá que «la entrada ilegal en España de inmigrantes se entenderá consumada en caso de rebasar completamente el sistema perimetral de seguridad» y «excepcionalmente», en los casos de personas que «habiendo resultado lesionadas en el intento de intrusión, precisen ser trasladadas a un centro médico».
«En aquellos casos en que los agentes actuantes intercepten a un inmigrante que haya consumado la entrada ilegal en nuestro país, procederán a su entrega documentada en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía», especificará la instrucción de la Secretaría de Estado.
Además, concretará que «en el caso de que la consumación de la entrada ilegal se haya producido por derivación de un inmigrante lesionado a un centro sanitario, los agentes actuantes informarán por escrito de dicha circunstancia al Cuerpo Nacional de Policía».
De este modo, quedará recogida la práctica actual, que quedó en evidencia tras la muerte de 15 inmigrantes que intentaban en febrero llegar a nado a la playa ceutí de El Tarajal, cuando la Guardia Civil devolvió sobre la marcha a Marruecos a 23 que sí habían conseguido alcanzar suelo español, aplicando, en palabras del ministro del Interior, un «concepto operativo de frontera».
El protocolo detallará que «la actuación policial en la frontera terrestre de Ceuta y Melilla tendrá como misión principal la de impedir la entrada ilegal de personas por puntos no habilitados», estableciendo los modos de actuación en cada caso.
Así, «se mantendrá activado de forma permanente un sistema de observación y alerta sobre la zona marroquí, y una comunicación fluida con las autoridades policiales alauitas, con la finalidad de detectar, con la mayor antelación posible, la progresión masiva de inmigrantes con intención de asaltar el sistema perimetral de seguridad fronterizo», según informa Interior.
«Detectado un posible intento de asalto», en coordinación con las fuerzas de seguridad marroquíes, «se procurará impedir la vulneración de los obstáculos establecidos en la zona fronteriza mediante una actuación policial presidida, en todo caso, por los principios básicos de actuación» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El protocolo fijará asimismo que «en aquellos casos en que la actitud violenta de los inmigrantes obligase a los agentes a utilizar medios antidisturbios, su actuación se desarrollará conforme a los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad, procurando en todo momento minimizar sus consecuencias lesivas».
«De resultar necesaria una actuación compulsiva de los agentes actuantes para hacer descender de la valla a los inmigrantes encaramados en la misma que no atendieren a los requerimientos para hacerlo voluntariamente, se deberán adoptar las mayores medidas de seguridad posibles que traten de evitar posibles caídas tanto de los inmigrantes como de los propios agentes», detallará la instrucción.
Si, pese a ello, «en el transcurso de las labores de vigilancia, contención y rechazo se estimara que alguno de los inmigrantes interceptados precisa de atención sanitaria, se procederá a avisar a los servicios sanitarios para su asistencia», conforme recoge el avance de contenidos difundido por Interior.
«CEUTA Y MELILLA, UN CASO ESPECIAL»
El Ministerio que dirige Jorge Fernández Díaz argumenta que «las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla constituyen un caso especial» tanto por su localización geográfica como por «las circunstancias geopolíticas que concurren en esta zona, donde se constatan los mayores desequilibrios políticos, sociales y humanitarios», lo que provoca que sea una de las fronteras «más expuestas al tráfico ilícito de inmigrantes y drogas, así como al paso clandestino de terroristas».
«Cada vez se producen con mayor frecuencia formas organizadas y coordinadas de intentos de asaltos masivos a la frontera, y una mayor sofisticación en los medios empleados para superar los obstáculos, con la aparición de instrumentos específicamente confeccionados a estos efectos», explica en un comunicado este departamento.
En este sentido, dice que España, «en su doble condición de Estado soberano y miembro de la Unión Europea situado en la frontera exterior del espacio Schengen, tiene la obligación de proteger, vigilar y salvaguardar sus fronteras».
«Esta obligación trasciende el ámbito puramente nacional por cuanto deriva directamente del Código de Fronteras Schengen, que impone a España la responsabilidad de preservar la frontera exterior de la Unión, mediante el ejercicio de la vigilancia fronteriza con la triple finalidad de impedir el cruce no autorizado de la frontera, luchar contra la delincuencia transfronteriza y adoptar las medidas que procedan contra las personas que hayan cruzado la frontera ilegalmente», asegura Interior.