El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado en el Senado que la reforma de la Ley de Extranjería que pretende introducir el PP para regular la figura del rechazo en frontera en Ceuta y Melilla, en muchas ocasiones denominada 'devolución en caliente', se ajusta a toda la legislación internacional. De este modo, ha subrayado que la normativa de fronteras que plantea el Gobierno en esta materia «se ajusta a toda la legislación internacional».
Asimismo, en la sesión de control al Gobierno, el jefe del Ejecutivo también ha defendido que las vías por las que los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado tratan de evitar las «entradas ilegales» al territorio español y de la Unión Europea se ajusta «plenamente» a la legislación nacional e internacional.
Así lo ha asegurado Rajoy en la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde ha insistido en que las «entradas masivas» de inmigrantes en la «única frontera de Europa con África» se producen «de forma violenta o clandestina» y violando el perímetro de frontera y ha culpado a las mafias de ser las que organizan estos saltos de la valla.
Ante la pregunta del senador del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Enrique Iglesias, el presidente ha indicado que ante esta situación el Gobierno tiene dos opciones, o bien abrir las fronteras para que «entre todo el mundo que lo estime conveniente» y defender su territorio. De elegir la primera, ha advertido de que tendría que explicarlo ante la Unión Europea y a los españoles, por eso es una fórmula que no puede aceptar y, por ello, ha subrayado que el Ejecutivo continuará adelante con la reforma.
El presidente del Gobierno ha recordado la obligación del Estado de custodiar las fronteras en los términos del Código de Fronteras del espacio Schengen y de la normativa interna, una de las cuales es la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de 1986.
Esta normativa, según ha recordado, establece que la vigilancia de las fronteras tiene por objeto principal «impedir el cruce no autorizado de la frontera» y, por su parte, la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de 1986, atribuye a la Guardia Civil la misión de custodia de costas y fronteras la entrada ilegal de personas.
En todo caso, ha coincidido con el senador socialista en que, a largo plazo, se debe tratar de trabajar con los países de origen, para ayudarles a salir de la pobreza y a crear instituciones estables en estas naciones porque «es evidente que si la gente no puede vivir en su país se buscará la vida en otros países».
Igualmente, ha destacado que las migraciones son una materia de «enorme sensibilidad» que se debe tratar con «máxima responsabilidad» ponderando la obligación del control de frontera y «la crudeza y el drama que supone la inmigración irregular de organizaciones que trafican con seres humanos». Por ello, ha defendido que esta cuestión se debe afrontar como política de Estado.