Cuando los periódicos traían una mañana plácida para las filas del PP, con portadas para el alcalde de Barcelona y su presunta cuenta en Andorra, la Guardia Civil irrumpió en ayuntamientos y empresas. La estupefacción sustituyó a la placidez de ver al rival del partido de enfrente corneado. Estupefacción que a unos los condijo a la parálisis y a otros a expresar su indignación. Lo que pasa es que en el PP la peculiar gestión de los tiempos de Mariano Rajoy se ha hecho contagiosa.
Mientras muchos cargos del PP solo daban con la presidenta Esperanza Aguirre en busca de referencia por medio de mensajes, algunos se lanzaron a la arena, aprovechando las redes sociales. Fue el caso de Juan Soler, alcalde de Getafe, que dijo en Twitter que no quería “estar en el mismo partido que esos”. A esa reacción siguió un comunicado pidiendo la expulsión de los presuntos corruptos.
Demasiado para la titubeante para algunos cargos del aparato, como Gádor Ongil, vicesecretaria del PP en Madrid. Ante la rápida y contundente reacción del alcalde de Getafe, Ongil respondió con una airada reprimenda telefónica, en la que no consiguió que el alcalde Soler cambiara su postura.
Ongil, secretaria de profesión que lo fue, entre otros de Suárez y del periodista Pablo Sebastián, de 58 años, reclamaba que se esperara a que reaccionara la ejecutiva del partido en Madrid.
Sin embargo, pasaban las horas y tuvo que ser la dirección nacional quien diera el paso de iniciar el expediente de expulsión de los políticos detenidos en la “Operación Púnica”, con Francisco Granados, exconsejero, exsenador y exsecretario general del partido en Madrid, a la cabeza.
Los teléfonos seguían echando humo cuando, por la tarde, la presidenta del partido en Madrid, Esperanza Aguirre, dio el paso adelante que le reclamaban desde la mañana y dijo sentirse “avergonzada”.