La burocracia y la lentitud de la Justicia ecuatoriana mantiene en prisión a medio centenar de españoles condenados en su día por ese país por tráfico de drogas y que podrían estar en libertad. La razón es que Ecuador aprobó en agosto una reforma de su Código Penal que regula los años de condena en función de la cantidad de droga incautada. Pese a su entrada en vigor, estos 50 españoles se encuentran a la espera de que revisen sus condenas sin que las autoridades de ese país hayan establecido siquiera a qué juez tienen que acudir.
Actualmente son cerca de 200 los españoles que cumplen condena por este motivo (el 15% son mujeres), la mitad en cárceles de Ecuador y la otra mitad ya han sido trasladados a prisiones españolas. Del grupo que ya tendrían su condena cumplida 10 permanecen allí y otros 40 están en España en una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica, según informa a Europa Press la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española. Esta institución lleva meses haciendo gestiones con las autoridades de ambos países para hallar una solución.
Uno de estos casos es el de José Manuel, actualmente en la cárcel gallega de Teixeiro, aunque antes estuvo en Soto del Real (Madrid). Lleva un año preso en España tras pasar otros dos años en el penal García Moreno de Quito (Ecuador) donde vivió un auténtico infierno. José Manuel dijo un día en casa que se iba a trabajar a Barcelona. Antes pasó por Madrid y a los pocos días llamó a su casa desde Venezuela. La siguiente noticia que tuvo su familia fue a través de una llamada de la Embajada española en Ecuador que avisaba de que Manuel estaba detenido en ese país. En su casa no sabían entonces que solía consumir cocaína los fines de semana, ni que empezó a deber dinero a unas personas. Para saldar su deuda le obligaron a ejercer de 'mula' y traer un cargamento de droga.
«Cuando llegó allí se quiso echar a atrás, pero ya no le dejaron. Tenía sólo 19 años y nunca había salido de casa». Se tragó 450 gramos de cocaína distribuidas en diversas cápsulas y la Policía le detectó fácilmente en el aeropuerto. Lo que sigue es un calvario de dos años en los que ha habido abusos, palizas, vejaciones, hambre, frío… «Mide 1,86 y vino pesando 56 kilos y con un corte de machete en una pierna del tobillo a la rodilla. Se lo hicieron para quitarle unas míseras zapatillas que le habíamos mandado», añade su hermana.
En cifras, la familia se gastó en dos años cerca de 12.000 euros. «Todo lo que quisieras te lo tenías que pagar. Mandábamos 60 dólares todos los meses para pagar a un hombre para que no pegasen a mi hermano. Se lo mandábamos a su mujer a través de Western Union. Allí las celdas son propiedad de un preso y tienes que pagar por que te dejen una esquina para dormir», relata.
El menú diario era agua con café y un trozo de pan al levantarse y un poco de arroz al mediodía. «Cuando le mandábamos comida había que mandarle también a los guardas de la cárcel para que no se lo quedasen todo. Los mismos guardas, cuando se aburrían, sacaban a dos presos al patio para que se peleasen con cuchillos. Allí todo el mundo llevaba un cuchillo», narra.
Históricamente en Ecuador la pena mínima por tráfico de drogas era de ocho años y daba igual si el arrestado portaba 100 gramos o diez kilos. Pero tras la reforma del Código Penal se estableció un sistema gradual: hasta 50 gramos, un máximo de seis meses de cárcel; entre 50 gramos y dos kilos, de uno a tres años de cárcel; entre dos y cinco kilos, de 5 a 7 años de cárcel; por encima de cinco kilos, gran escala, le corresponden penas de entre 10 y 13 años.
No son personas de nivel sociocultural bajo, abundan casos de gente que se quedó en el paro durante la crisis y que se lanzaron a la aventura seducidos por un dinero fácil, entre 4.000 y 5.000 euros por viaje. En este grupo hay incluso varias parejas, matrimonios que pensaron que sería más fácil ganar el doble de dinero haciéndose pasar por turistas. La Fundación de la Abogacía Española ha asesorado a los presos afectados en España para que soliciten a Instituciones Penitenciarias la concesión del tercer grado, lo que les permitiría salir de prisión mientras se revisan sus condenas.
La reforma del Código Penal está funcionando en Ecuador con dificultades. Para conseguir la libertad hay que solicitarla aportando una serie de documentos como la copia de la sentencia o un acta de la destrucción de la droga. «Cuando los abogados logran reunir esa información puede que llegue a celebrarse una vista, pero muchas veces hay obstáculos por el mal funcionamiento de la justicia, errores que hay que solucionar y los procedimientos se alargan», explican desde la Abogacía.
Sin embargo, desde esta organización alaban una reforma que a su juicio, «debería ser un ejemplo para otros países de la zona porque introduce el principio de proporcionalidad de la pena y una visión moderna y progresista del derecho penal», por eso le piden a Ecuador que se haga realidad.