El PP tiene decidido rechazar esta semana en el Pleno del Congreso la moción registrada por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) que persigue suprimir de golpe el aforamiento de los diputados, los senadores y los miembros del Gobierno mediante una reforma exprés de la Constitución como la que el PP y el PSOE llevaron a cabo al final del verano de 2011 para imponer la estabilidad presupuestaria.
Según han avanzado a Europa Press fuentes parlamentarias, durante el debate de esta moción los 'populares' subrayarán su compromiso con la adopción de medidas que limiten el fuero de altos cargos, como se plasmó en una enmienda introducida en la ley orgánica para el control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos, pero creen que el tema es complejo, afecta a muchas leyes y no puede resolverse con una moción.
La existencia de 10.000 aforados en España viene suscitando en los últimos meses recurrentes debates en el Congreso, pero este asunto quedó fuera de las medidas contra la corrupción planteadas por el Gobierno.
La mayoría de estos aforados son jueces y fiscales (unos 7.000, según calcula el Ministerio de Justicia) y otros proceden de estatutos de autonomía que no se pueden modificar desde la Administración General del Estado. Un millar de ellos está 'blindado' en la Constitución, pues son los miembros de las Cortes Generales (diputados y senadores) y del Gobierno.
En junio de 2014, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, pidió explicaciones por esta situación al entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien señaló que el Gobierno sólo puede suprimir unilateralmente el aforamiento a 57 cargos (miembros del TC, Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado y la Oficina del Defensor del Pueblo).
El pasado mes de diciembre volvió a interpelar al Gobierno por este tema y como consecuencia de aquel debate someterá esta semana a votación una moción en la que se insta al Gobierno a «dar los pasos necesarios para acometer una reforma puntual y urgente de la Constitución a fin de eliminar los supuestos de aforamientos de Diputados, Senadores y miembros del Gobierno, contemplados en los artículos 71.3 y 102.1 de la Carta Magna».
PP y PSOE Ssaben que esto es impresentable
Para Rosa Díez, tanto el PP como el PSOE saben que esta situación es «impresentable» y cree que ahora puede haber más receptividad, habida cuenta de que la primera vez que UPyD propuso eliminar los aforamientos fueron muy despectivos. «Nos pusieron verdes, nos insultaron», recuerda.
Además, el partido magenta subraya que ya no vale el argumento de que se necesita consenso para reformar la Constitución pues recuerda que esos dos grandes partidos modificaron la Carta Magna por la vía rápida en agosto de 2011 para imponer el principio de estabilidad presupuestaria «que estaba muy lejos de ser una cuestión demandada por la ciudadanía» y de la que ahora se han descolgado los socialistas.
El pasado mes de enero, cuando se tramitaba la ley orgánica para el control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos, el PP trató de zanjar el debate ofreciendo una enmienda para plasmar el «compromiso de limitar los aforamientos, pero sin poner fecha, remitiéndose «al momento que sea posible».
Se incluyó una enmienda, pero sin fecha
En concreto, se introdujo una disposición final subrayando que «por los distintos sujetos legitimados se promoverán las iniciativas necesarias para limitar la atribución al Tribunal Supremo y a los Tribunales Superiores de Justicia de la competencia para el enjuiciamiento de autoridades y cargos públicos».
El camino que ofrece el PP, por tanto, no es tanto acometer reformas de la Constitución y otras leyes orgánicas para suprimir cargos que conllevan fuero, sino dejar claro en una norma que los tribunales sólo tendrán en cuenta el aforamiento cuando investiguen actividades realizadas en el ejercicio del cargo público, excluyendo cuestiones personales ajenas, como los delitos de tráfico.
Esa modificación podría resolverse en algunas de las leyes que tiene pendiente el Ministerio de Justicia, principalmente la prometida Ley de Enjuiciamiento Criminal que se haya en fase de anteproyecto y que se espera remitir a la Cámara este mes o, a más tardar, a principios de marzo.