El empeño en que Castilla La Mancha tuviera un cementerio nuclear le dio y le quitó el puesto al presidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega, que ayer dimitió oficialmente “por causas personales”, según todo el sector defenestrado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. El hecho de que las condiciones geológicas no parezcan las más adecuadas para un cementerio de residuos radiactivos de alto riesgo ha sido un hecho suficientemente tozudo como para llevar la contraria a Dolores de Cospedal.
Aunque lo intentó a toda costa, los distintos informes del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) parecen haber frenado el proyecto, bautizado como Almacén Temporal Centralizado (ATC). “Los informes encargados por el propio CSN oficialmente solicitados por los organismos competentes, han demostrado que aquello no tiene ninguna validez. Ese suelo es una formación de yesos que no soporta la presión. Cuando se ha estudiado a fondo el emplazamiento se ha visto que tiene muchos problemas”, afirma Carlos Bravo, miembro de Salvia. Tal y como explica el experto, una simple inundación podría desencadenar el desastre. “Hay inundaciones importantes en los puntos históricos del terreno, eso significa que podría entrar una gran cantidad de agua en el subsuelo y que la roca se diluyera. Por otro lado, los cimientos de la estructura del edificio podrían ceder, generar un colapso y provocar un accidente nuclear con miles de toneladas de basura radioactiva. Podría darse una situación tan dramática y peligrosa como ocurrió en Fukushima”.
Sin embargo, Gil Ortega, respaldado por Cospedal, agotó todas las vías para obtener la licencia y el permiso del CNS. Trabajó a contrarreloj para tratar de acondicionar el terreno y enmendar las dudas planteadas por el organismo. Lo hizo a través de una empresa externa que manipuló el espacio día y noche para intentar tenerlo todo a punto, aunque sin éxito. “En nochebuena había una empresa catalana que estuvo allí excavando. Llegaron hasta los 65 metros de profundidad y los trabajadores tenían instrucciones de estar en Navidad, Nochebuena y Año Nuevo si era necesario para hacer que el proyecto fuera viable. Y urgía, ¿por qué? Porque en la página web de Enresa el propio presidente anuncia que el 1 de febrero va a adjudicar los contratos de obra principal por 274 millones de euros”, comenta a Estrelladigital.es Juan Carlos Sauquillo, diputado del PSOE en el Congreso de los Diputados. De hecho, tal y como explica Bravo a este diario, “las prisas fueron casi ‘prevaricatorias’ porque sabían que no había licencia por parte del CSN”.
La gran apuesta de Cospedal
Los hechos se remontan a diciembre de 2011. Rajoy jura el cargo y en la celebración de su primer Consejo de Ministros ofrece a Cospedal, recién elegida presidenta de Castilla La Mancha, el control de la empresa pública Enresa para gestionar la construcción de un cementerio nuclear en Villar Cañas (Cuenca).
Una decisión controvertida que provoca un cisma entre la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y la propia Cospedal puesto que ambas pretendían supervisar la administración de Enresa. “Es una empresa pública, pero allí se maneja mucho dinero y la compañía tiene mucha influencia. Cospedal quería sacar adelante este tema porque ella había apostado muchísimo por el cementerio y así conseguir ponerse una medalla”, asegura Bravo.
Cospedal gana la batalla y nombra como presidente al alcalde de Ciudad Real, su persona de confianza, Francisco Gil Ortega, mientras que Santamaría se conforma con la designación del ‘número 2 de la compañía’. “Esto es una ‘cacicada’ de Rajoy y de Cospedal porque el PP solo llevaba una semana en el Gobierno cuando decidieron poner en marcha el cementerio nuclear aquí lo único que se perseguía era adjudicar contratos”, dice Sauquillo.
Sin embargo, la posible oposición de la CNS, las críticas sobre la dudosa gestión de Gil Ortega y los polémicos despidos de varios directivos de la compañía han terminado con el cese del presidente, que algunos han aplaudido. Ecologistas en Acción valoró la semana pasada “muy negativamente los últimos movimientos de Enresa” y adelantó que estudiaban la posibilidad de llevar a cabo acciones legales si la adjudicación de las obras del ATC. Por otro lado, para la organización ecologista la “cadena de ceses” apuntaba a una “adjudicación de obra precipitada y previa a las elecciones”. De hecho, creen que la renuncia del director de administración y el responsable jurídico indican “presiones para acelerar” el proceso de adjudicación de la construcción del cementerio.