Varios grupos parlamentarios de la oposición se han mostrado especialmente críticos este martes en el Pleno del Congreso de los Diputados a la hora de criticar las medidas del pacto antiyihadista acordado por el PP y PSOE durante un debate en el que la palabra «chapuza» ha sido uno de los términos más repetidos. Entre ellos se encuentran Izquierda Plural, que ha tachado este acuerdo como «el blindaje del miedo del bipartidismo» o ERC, que ha preguntado si el Gobierno tiene previsto aplicar estas medidas a los catalanes en caso de que se independicen.
El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha mostrado su rechazo frontal a este pacto al calificarlo como el «refrito» de unas enmiendas que el PP pretendía incluir en el Código Penal. «No es un pacto, es el blindaje del miedo, un blindaje bipartidista que no nos hace más fuertes contra el terrorismo, es un atajo en materia antiterrorista, un código de venganza cruel de la cadena perpetua y la extensión de la calificación de terrorismo a la mera disidencia«, ha denunciado.
Ha reprochado que algunas de las novedades anunciadas por 'populares' y socialistas como son la regulación de la figura del lobo solitario, el adoctrinamiento o el traslado a lugares donde se realizan actividades terroristas ya estaban recogidas en el actual Código Penal y en función de eso ya venían actuando los jueces.
«No había vacío legal», ha insistido Llamazares, quien ha denunciado que si esta medida sale adelante se considerarán terrorismo protestas como la del barrio de Gamonal, en Burgos, donde los vecinos protestaron durante días contra una obra prevista por el Ayuntamiento, protagonizando enfrentamientos violentos con las autoridades policiales. También ha alertado de que se será considerado terrorismo los escraches o las protestas ecologistas de Greenpeace.
ERC: «El pacto de la mentira»
El diputado de ERC Joan Tardá ha comenzado manifestando su «asco» ante el yihadismo, pero también ante «quienes lo alimentaron con la venta de armas e intereses geoestratégicos». En ese sentido, ha calificado este acuerdo como «el pacto de la mentira» y ha acusado a PP y PSOE de recortar derechos cada vez que suscriben un pacto antiterrorista.
«¿Nos lo van aplicar a los catalanes si democráticamente decidimos independizarnos?», ha llegado a preguntar en el hemiciclo al tiempo que se ha mostrado especialmente crítico con los socialistas por «comerse» la medida de la prisión permanente revisable y facilitar la «pista de aterrizaje de la gran coalición». «No nos vuelvan a llamar nunca más, son unos trileros políticamente», ha zanjado el político independentista usando un tono airado contra el PSOE.
Por parte de Amaiur, Mikel Errekondo, ha dicho que el terrorismo no se combate con la represión y ha añadido que no se trata de un pacto antiyihadista porque, según ha expresado, el Código Penal español ya era el más duro de Europa. Ha denunciado que el Gobierno hace ya tiempo que instauró la cadena perpetua con la imposición de un máximo de 40 años de cárcel para los casos de terrorismo.
«Otra vuelta de tuerca»
A su juicio, este pacto es «una excusa para darle otra vuelta de tuerca al Código Penal«. El diputado abertzale ha ido más allá al decir que «es un golpe de estado contra los derechos democráticos de la ciudadanía» y «la respuesta a las naciones que luchan por decidir su futuro como Euskal Herria y Cataluña».
En nombre de Geroa Bai, la diputada Uxue Barkos ha calificado como «inaceptable» que se acuse de buenistas a quienes rechazan este pacto como es el caso de su formación y ha defendido otro tipo de respuesta al yihadismo «más ambiciosa y valiente». Barkos ha advertido al PP y PSOE que la oposición contra el terrorismo es mucho mayor que el 72 por ciento que reivindican y por tanto ha añadido que «merece la pena aspirar al cien por cien».
«Paripé del Estado»
El diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha asegurado que esta ley pretende satisfacer «los instintos más primarios como el miedo, pero no la inteligencia» y ha defendido otras medidas como invertir en educación en barrios marginales de Ceuta y Melilla o invertir más en prevención. «¿Alguien cree que los terroristas del Estado Islámico van a dejar de ejecutar por estas medidas?», se ha preguntado, al tiempo que ha pedido que el Gobierno legisle en caliente para solucionar asuntos como la Hepatitis C.
BNG también ha anunciado su voto en contra al pacto por medio de su diputada María Olaia Fernández Davila, quien ha manifestado su rechazo a la nueva definición del terrorismo que, a su juicio, incluye las manifestaciones ante el Congreso de los Diputados. «Profundizar en el miedo no lleva a nada bueno», ha advertido al tiempo que ha calificado este acuerdo como «un paripé de Estado».