La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha abierto causa contra el presidente de Melilla y senador Juan José Imbroda, por entender que «resulta conveniente continuar la investigación» iniciada en la ciudad autónoma sobre un presunto delito de prevaricación cometida al contratar un abogado con fondos públicos.
En el el auto notificado este jueves el alto tribunal decide, de acuerdo con el criterio del fiscal, nombrar como instructor de la causa al magistrado Francisco Montenerde y que el juzgado de Instrucción número 2 de Melilla continúe con la investigación que afecta a los no aforados.
El titular del juzgado de Instrucción número de Melilla, Emilio Lamo Espinosa, envió una exposición razonada al Tribunal Supremo en la que veía indicios de un delito de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación efectuada por el Gobierno local. La Fiscalía sólo ve claro el primero de ellos.
Para gestionar despidos
En su exposición razonada, el juez territorial señalaba que existen «indicios suficientes y concretos» de que el letrado Juan Jesús O.A. Fue designado de manera directa por el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla para la dirección técnica de diversos procedimientos correspondientes a despidos derivados de Cooperativas de Trabajo.
La designación se habría realizado por medio del otorgamiento de un poder notarial en abril de 2001 «sin observar ninguno de los requisitos» exigidos en la normativa aplicable a este tipo de contrataciones.
Respecto a otras personas investigadas en Melilla y que no son aforadas, el auto del que ha sido ponente el magistrado José Manuel Maza señala que sólo procedería que fueran investigadas en el Supremo si se apreciara una «conexión material inescindible» con Imbroda, lo que a juicio de la Sala no ocurre, de momento, en este caso.
La Fiscalía informó favorablemente a la apertura de este procedimiento contra Imbroda el pasado mes de octubre ya que que el alto tribunal es competente para investigar esta causa por la condición de aforado del senador y por entender que hay indicios «suficientes» para el esclarecimiento de unos hechos que presentan «apariencia delictiva», constitutivas de «al menos» un delito de prevaricación, «sin descartar obviamente la existencia de otras infracciones penales».