El fiscal anticorrupción Luis Rodríguez Sol ha elevado este jueves a definitiva su petición de cuatro años de prisión para el exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y de dos años y medio para el expresidente de la Comisión de Control Juan Ramón Avilés por la «sinvergonzonería» de las dietas abusivas que cobraron un total de 19 miembros de la entidad.
Los dos exdirectivos se sientan en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional desde el pasado 22 de enero, acusados de delitos de apropiación indebida y otorgamiento de contrato simulado. El Ministerio Público pide, además, una indemnización para el Banco Sabadell o subsidiariamente para la Tenedora de Inversiones (TI) de 1,4 millones de euros, y multa, para el primero, de otros 90.000.
Según ha expuesto el fiscal ante la Sala, presidida por la juez Teresa Palacios, López Abad y el fallecido presidente de la caja, Vicente Sala, incurrieron en un fraude de ley dirigido a proporcionar a los integrantes de la Comisión de Control de la caja una retribución que no les correspondía según los propios estatutos del banco.
Para ello, decidieron integrarles en una comisión paralela de gobierno, la de una de las sociedades participadas, la TI. Sus funciones en este órgano creado ad hoc eran, cuanto menos, discutibles, según la descripción del representante de Anticorrupción.
Rodríguez Sol ha asegurado que los 19 miembros de esta comisión 'paralela' «no tenían ningún derecho a cobrar absolutamente nada» ya que acudían a las reuniones de TI «como quien va a una conferencia». «Uno va, se sienta, escucha lo que se dice y como mucho hace preguntas al final», ha insistido.
«No trabajaban nada»
El presidente de la Comisión de la participada, y los otros 18 miembros, no trabajaban «nada» entre reuniones, presentaban un «enorme grado de desconocimiento de sus funciones» y «no tenían ninguna responsabilidad», ha dicho el fiscal.
Sin embargo, su presencia en el organismo, creado en 2005 y que pervivió hasta 2011, les proporcionó pingües beneficios, que oscilaron entre los 9.000 y los 308.700 euros que se asignó Avilés.
Además, las dietas se fueron incrementando en el transcurso de los años, hasta tal punto que llegaron a multiplicar por 150 la cantidad inicial y desembocaron en una retribución de 80.000 euros por dos reuniones anuales que se prolongaban una media de dos horas. Es decir, llegaron a ingresar 20.000 euros por hora.
Rodríguez Sol ha defendido que debe reclamarse a los 18 miembros de la comisión de TI la devolución íntegra de las cantidades cobradas, como recoge el Código Penal y en calidad de párticipes a título lucrativo. «Hay un enriquecimiento ilícito fruto de un delito», ha dicho.
Préstamos irregulares
El fiscal acusa, además, a Avilés de aprovechar su influencia en la entidad para conceder a 'La Vereda de Sucina', una empresa que controlaba a través de sociedades interpuestas y varios familiares, préstamos para operaciones inmobiliarias por un total de 18,9 millones de euros.
Además, el fiscal acusa a Avilés de simular un traspaso de acciones de esta empresa a favor de su hermana con la intención de sortear el control del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y renovar sus préstamos. La compradora «ficticia» abonó 90.000 euros por los títulos, tras recibir un dinero que le fue entregado por la esposa del acusado.
El representante de Anticorrupción ha precisado que esta maniobra sirvió a Avilés para evitar un impago que le hubiera supuesto la obligación de abandonar su cargo en la entidad.
«El préstamo tenía muerte cerebral, no se podía reanimar y mantenerlo era perjuicial para la caja. Es como una bola de nieve, la deuda va creciendo», ha indicado Rodríguez Sol.
Por su parte, el abogado del Fondo de Garantía de Depósitos y de la CAM, Carlos Gómez-Jara, ha reclamado una indemnización para el organismo de cuatro millones de euros, por el perjuicio ocasionados.
El FGD –que pide seis años para López Abad y 10 para Avilés– hace «la labor de bombero del sistema financiero» y si tiene que soportar «lesiones» por su intervención, obligada para mantener el sistema financiero español, «tiene que ser indemnizado» y, cada culpable, deberá hacerlo en su proporción, ha dicho.