La hemeroteca complica el discurso anticorrupción del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y de la lideresa de los socialistas en Andalucía, Susana Díaz. Ambos habían prometido contundencia con los imputados en sus filas. «No me temblará el pulso», ha insistido en numerosas ocasiones Sánchez. Y todo ello a un mes de la primera cita electoral del año. La decisión del Tribunal Supremo de citar como imputados a los expresidentes andaluces, Manuel Chavez y José Antonio Griñán, por el 'caso de los ERE' ha azuzado con fuerza a los socialistas, que ya habían quedado debilitados tras la crisis abierta en el PSM. Por el momento, la decisión que ha adoptado el líder del PSOE es esperar a que se «produzca la imputación por un delito». Los socialistas insisten en marcar la diferencia: «la citación se ha producido porque ellos lo pidieron voluntariamente».
Este miércoles, los pasillos del Congreso hervían por esta cuestión. Pedro Sánchez, habitualmente muy elocuente con la prensa cuando le piden su opinión sobre cuestiones que afectan al Gobierno, en esta ocasión le ha costado bajar el ritmo cuando quería esquivar la nube de periodistas que le esperaban para preguntar. No ha querido hablar a su entrada al Hemiciclo y a la salida se ha limitado a decir que él «no ha rebajado el listón» de petición de responsabilidades con los expresidentes.«Cumpliré con mi palabra», se ha defendido el socialista, que ha asegurado que actuará si a Chaves y Griñán «se les imputa algún delito» en el marco del caso de los ERE.
Lo cierto es que el Código Ético del PSOE fija en la apertura de juicio oral el momento para exigir la dimisión de cargos públicos, pero tanto Sánchez como Díaz habían asegurado que serían muy contundentes con sus imputados. Llegado el momento, sin embargo, han optado por el matiz. El PSOE insiste en que el escrito del Tribunal Supremo no imputa ningún delito a los expresidentes, por ello, han decidido esperar a que ambos declaren ante el juez los próximos 9 y 14 de abril. Si esta actuación desemboca en una imputación más concreta, entonces el partido actuará.
Mientras, esta decisión no ha dejado indiferente a sus principales rivales políticos. En el Partido Popular hoy nadie se ha querido escaquear de opinar. «Verdaderamente están en un brete», ha espetado un diputado 'popular', que ha insistido en la teoría que defendía en los pasillos el actual ministro de Sanidad, Alfonso Alonso. Él ha tendido que vivir durante estos últimos tres años, en los que ocupaba la portavocía del Grupo Parlamentario 'popular', muchos reproches de los socialistas por sus escándalos de corrupción; y este miércoles no ha perdido la oportunidad de opinar. «Ahora tienen un problema de credibilidad porque pusieron un listón con los imputados del resto y ahora cuando les toca a ellos se desdicen», ha espetado Alonso.
Tanto el ministro de Sanidad, como el de Justicia, Rafael Catalá, que también se ha parado este miércoles en los pasillos para hacer una declaración han puesto en valor que el PP siempre fue mucho más respetuoso con «la presunción de inocencia». «Esto no es una cosa de ahora, es un tema al que le queda mucho recorrido», ha apostillado Alonso, que ha advertido de que hay que tener «más cuidado cuando se habla y medir más las palabras». «Ahora ellos se han metido en un brete porque saben que el asunto tiene un pronóstico reservado y porque además quieren sortear el tema antes de las elecciones de Andalucía al tener un problema serio de credibilidad», ha espetado el ministro de Sanidad.
El titular de Justicia, por su parte, ha optado por poner la puntilla jurídica y aclarar que a nadie se le llama a declarar como imputado sin que exista un delito concreto. «Chaves y Griñán han sido citados por la supuesta comisión de delitos que tienen que ver con la prevaricación y la malversación», ha rematado Catalá, que ha insistido en que él sigue sosteniendo que «imputado no es sinónomo de culpable», aunque ha recordado a los socialistas que fueron ellos lo que achacaron la imputación con «consecuencias políticas».