El presidente del Ilustre Colegio de Geólogos (ICOG), Luis Suárez, denunció la semana pasada que las administraciones, tanto estatal como autonómicas y municipales, no han tomado medidas de prevención y actuación ante terremotos, cuatro años después del seísmo que acabó con la vida de 10 personas en Lorca (Murcia), el 11 de mayo de 2011.
En declaraciones a Europa Press, recordaba que el ICOG envió a todos los partidos un 'Decálogo para minimizar los riesgos sísmicos de España', que incluía cuatro medidas estatales y seis autonómicas.
Suárez reconocía que algunas de estas conllevaban un gasto económico, pero otras eran medidas sin coste asociado y que se podían haber adoptado, «no en un año, pero sí en los cuatro» que han pasado desde aquel día.
En concreto, de las medidas de construcción y de prevención propuestas en este decálogo cuatro eran estatales y seis autonómicas pero «no se ha llevado a cabo ninguna». Por ello, le resulta «sorprendente» que en este tiempo no se haya avanzado al menos en una zona como Murcia, que es de alto riesgo sísmico y donde se pueden producir terremotos parecidos.
En este sentido, Suárez precisó que, entre las medidas estatales, destaca la reforma de la norma sismorresistente, que data de 2002, para que se incluyan las conclusiones, aportaciones y experiencias del temblor de Lorca.
Otras propuestas incluyen la reforma de la inspección técnica de edificios para adaptar la norma sismorresistente en un plazo de cinco años así como recuperar la obligatoriedad del visado de los proyectos geotécnicos porque considera que su ausencia implica una «bajada exponencial» de la calidad y la seguridad porque «no hay un buen control».
Además, el representante de los geólogos apostó por que se realicen estudios de peligrosidad y vulnerabilidad por parte del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), tomando como ejemplo el servicio norteamericano, que asigna a unas zonas de determinada vulnerabilidad, con la que se determinarían los planes generales de ordenación urbana.
«Eso conllevaría, por ejemplo, no poner un hospital encima de una falla o extremar las medidas de seguridad en algunas zonas concretas», ha apuntado.
Respecto a las medidas a nivel autonómico y local, el presidente de los geólogos recordó que piden que se impulse que las comunidades autónomas exijan la elaboración de mapas de riesgos en los informes de sostenibilidad de los planes generales de ordenación urbana (PGOU).
En concreto, precisaba que «solo el 7,5 por ciento» de los Ayuntamientos con PGOU aprobados cumplen con la exigencia de tener mapas de riesgos naturales con carácter previo a dichos planes.
Asimismo, propuso que se celebren cursos de sensibilización y de formación para el personal técnico de los municipios, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Al mismo tiempo, considera que se debe informar a los ciudadanos de las pautas de autoprotección adecuadas durante y después de la ocurrencia en un terremoto. Suárez recordaba que los 10 fallecidos en Lorca en mayo de 2011 fueron alcanzados por la caída de balcones u otros objetos y que si estos se hubieran quedado en su casa posiblemente no habrían tenido impacto.
Por último, planteó que se mejoren los mecanismos de control y cumplimiento de la norma sismoresristente en los proyectos de construcción.
Provincias con más riesgos
«Estas medidas no son para hacer en un año, pero sí a desarrollar a diez años. Sin embargo, el tiempo político tiene poco que ver con el tiempo sísmico», declaró Suárez, quien advirtió de que en 10 años se podrá producir un terremoto con daños «iguales o superioes» y habrá que volver a lamentarse, como en Lorca.
Por ámbito geográfico, las provincias con mayor riesgo sísmico en España son Granada, Málaga, Almería, Murcia, Alicante y, con riesgo de tsunami o maremoto son Cádiz y Huelva. De hecho, ha recordado que un maremoto a causa del terremoto de Lisboa provocó 1.000 muertos en la zona en 1755.