Primero el aborto; y ahora las tasas judiciales. El Gobierno de Mariano Rajoy da carpetazo definitivo a la era Gallardón. Sus dos reformas más polémicas ya son pasado. Este viernes, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real-Decreto Ley a través del cual se eximirá a las personas físicas de pagar tasas judiciales en todas las instancias y en todos los órdenes. El Ejecutivo 'popular' pretende así corregir en pleno año electoral el fallo de la reforma de Alberto Ruiz-Gallardón que dificultaba considerablemente el acceso de los ciudadanos a la Justicia.
«Se trata de una mejora», ha reconocido su sucesor, Rafael Catalá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes. Según el actual ministro de Justicia, con esta reforma, el Gobierno «mejora» el sistema de tasas que el Ejecutivo de José María Aznar ya puso en marcha en 2002. Se trata de una batalla que ya inició Catalá a su llegada al Ministerio de Justicia el pasado septiembre. Y que el presidente del Gobierno ya avanzó este martes en su discurso inicial en el debate sobre el Estado de la Nación. Hoy ya es una realidad: los ciudadanos ya no tendrán que pagar ninguna tasa independientemente del proceso judicial que tengan a bien iniciar. Y podrán acudir con libertad a los juzgados al margen de su situación económica.
La reforma de Gallardón fue anunciada ya inmersa en una agria polémica. Se aprobó en noviembre de 2012 y sólo tres meses después tuvo que ser corregida tras un informe crítico del Defensor del Pueblo. La primera modificación que se hizo llevaba aparejada una rebaja de las cuantías de las tasas y la exoneración del pago de las mismas para trámites como separaciones y divorcios de mutuo acuerdo.
Los motivos esgrimidos por el exministro Gallardón para su aprobación hacían referencia principalmente a la descongestión de la Justicia. Pero era evidente, tal y como ha reconocido este viernes Catalá, que detrás de esta reforma había claramente un afán recaudatorio, que lo único que ha conseguido ha sido obstaculizar el acceso libre de los ciudadanos con menos recursos económicos a la Justicia. «La situación económica actual permite ajustar la cuantía de las tasas judiciales», ha admitido Catalá, que cuando se le ha preguntado que si con esa afirmación reconocía implícitamente que ése era el fin último de la medida de Gallardón, ha intentado suavizar sus palabras diciendo que el objetivo principal no podía ser ése puesto que sólo se han recaudado 500 millones de euros al año -dinero que según el ministro no está perdido, sino que se ha depositado en las arcas del Estado para «sufragar los servicios sociales»-. Una afirmación que entendida a la inversa podría significar que en vista de que el Gobierno no ve sentido económico a la medida ha optado por corregirla a menos de un año de que se celebren las próximas elecciones generales.
Además, dicha reforma no sólo contaba con la oposición del arco parlamentario, sino también del Consejo General de la Abogacía que desde el inició tildó estas tasas «inconstitucionales». Es más, el Constitucional tiene encima de la mesa varios recursos a este respecto. El colectivo de abogados se opuso desde el principio a esta medida por no modificar la cuantía fija de las tasas ni atender a la capacidad económica real de los ciudadanos. Hasta hoy, estaban obligados a abonar hasta 2.800 euros por un recurso de apelación civil o 3.200 euros en caso de que se tratara de una casación ante el Tribunal Supremo.
En definitiva, con esta supresión, el ministro Catalá cumple con una de sus promesas a su llegada al Departamento de Justicia; e impone el criterio que él ya defendió en 2003 cuando era secretario de Estado de Justicia con José Michavila: tasas judiciales para las sociedades y empresas -que se mantendrán de momento-, pero no para las personas físicas.