El comisario José Manuel Villarejo niega en su denuncia presentada contra el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, haber chantajeado al dirigente madrileño en el marco de la investigación sobre el ático de Marbella y da su versión sobre aquel encuentro. Según dice, González se limitó a solicitarle a él y a otro comisario «ayuda para que no trascendiera que era el inquilino de una sociedad offshore».
También relata que «lejos de colaborar estuvo más interesado en saber la identidad de las personas que habían vinculado dicho ático con la operación de Arganda» (relacionada con una recalificación de terrenos en el municipio madrileño) y apunta que el inmueble se lo pagó «un afamado empresario vinculado al mundo del fútbol» sin citar su nombre. Fuentes conocedoras del caso afirman que se refiere al productor de cine y presidente del Club Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
«Niego categóricamente aquí y dónde sea necesario que haya existido chantaje alguno ni por mi parte ni por parte del comisario García Castaño al señor González», dice la denuncia presentada por este comisario ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y a la que ha tenido acceso Europa Press. Según explica, «lo único» que hicieron «fue solicitar de manera discreta al señor González la posibilidad de que acreditara el vínculo que le unía a dicho ático, una vez que este comunicó que deseaba colaborar con la investigación».
La cita con autorización
Villarejo sostiene que recibió la «autorización de sus superiores para celebrar tal cita» y se refiere a una «nota informativa» que elaboró a tal efecto. «Lejos de colaborar y de aportar cualquier tipo de documento y/o dato que le exculpara de tan atípica situación, estuvo más interesado en saber la identidad de las personas que habían vinculado dicho ático con la operación de Arganda y finalmente solicitaba el evitar que los datos que constaban en los informes fueran conocidos por la opinión pública».
«Acto seguido el señor González sólo se limitó a solicitarnos ayuda para que no trascendiera que era el inquilino de una sociedad offshore, sin aparentar incomodo por plantearle esas cuestiones, donde un Comisario de Policía le pide explicaciones al entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid por una situación tan confusa y lejos de enfadarse sudaba abundantemente a pesar de ser pleno invierno, sentado él solo en una mesa, frente a dos comisarios», relata el mando policial.
Villarejo califica como «rigurosamente falso que a la reunión asistiera acompañado de cuatro colaboradores, salvo que estos estuvieren investidos de una capa milagrosa que les diera el poder de la invisibilidad o estuvieran apostados cerca del lugar donde se celebró el encuentro, pero en todo caso ajenos a la reunión documentada en el escrito donde consta expresamente que tal encuentro fue con el señor González a solas».
«Huida hacia delante»
Zanja que la actuación del presidente madrileño es «una huida hacia adelante, una maniobra tendente a distraer la realidad de los hechos que se investigan fruto de la información que se recibió de la Dirección Adjunta Operativa». Según esa información, «el señor González podría habría (sic) percibido presuntamente, como pago de una comisión ilegal, el ático» de Marbella.
Prosigue que ese ático «previamente habría sido adquirido por un testaferro llamado Rudy Valner y que las comisiones rogatorias, aún pendientes de recibir, acreditarían que el día de antes de enviar el fiduciario el dinero, justo la misma cantidad la habría recibido de otra cuenta, cuyo titular es un afamado empresario vinculado al mundo del fútbol».
«El presidente de la Comunidad de Madrid con conocimiento de su falsedad y temerario desprecio hacia la verdad imputa a los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño unos hechos que de ser ciertos serían constitutivos de, al menos, un delito de amenazas», critica la denuncia en la que este mando policial dice sentirse «gravemente ofendido porque además se le ha dado a estos hechos una amplísima difusión provocada por el denunciado al comparecer en una rueda de prensa a nivel nacional».
Recuerda en sus alegaciones que «actualmente el ático del señor González está siendo investigado» en un Juzgado de Estepona «como consecuencia de una denuncia presentada por el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) y sus diligencias siguen abiertas y en avanzado estado de instrucción».
Dice conocer lo que hará la Fiscalía
Al mismo tiempo añade que «las supuestas investigaciones ilegales a las que alude el señor González, están siendo investigadas» por el Juzgado 47 de Madrid a propuesta del propio presidente de la Comunidad de Madrid y adelanta que, según conoce «por referencias», la Fiscalía «tiene interesado su archivo ya que en todo momento, ante la acusación promovida por el señor González, el fiscal ha rechazado como ilegal la correcta actuación que en todo momento tuvo el comisario de Marbella».
Ese comisario de Marbella es Agapito Hermes de Dios quien fue cesado por la actual cúpula de la Policía y actualmente se encuentra destinado en el distrito de Moratalaz (Madrid). El primero en calificar como «ilegal» la investigación en torno al ático de Marbella fue el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien hoy ha eludido responder a las preguntas de los periodistas sobre este enfrentamiento entre uno de sus comisarios y el presidente de la Comunidad de Madrid, quien ayer le pidió amparo.
Fue el 10 de abril de 2012 en el Senado cuando Fernández Díaz aseguró que el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, había sido investigado «ilegalmente» por la Policía entre julio y agosto de 2011 a cuenta del citado ático. «Lo que vamos a investigar ahora es quien ordenó esa investigación ilegal», declaró Fernández Díaz, quien se basaba en que aquellas pesquisas se llevaron a cabo sin que constase en los archivos de la Policía.
Intervención del ministro
El SUP contestó a ese argumento del ministro recordado que es una práctica habitual en la Policía hacer indagaciones previas sin que antes lo autorice un juez cuando reciben alguna información creíble. En las fechas en las que el ministro enmarcaba esa presunta investigación ilegal aún gobernaba el partido socialista y la persona que ordenó las actuaciones al comisario de Marbella fue el ex Director Adjunto Operativo de la Policía, el actualmente fallecido Miguel Ángel Fernández Chico.
Villarejo replica también la razón esgrimida por González para denunciar el presunto chantaje: «la calificación de chantaje bajo la peregrina acusación de que, con la cita, pretendíamos que dejara de perseguir a nuestro compañero de Marbella es cuanto menos premonitoria, toda a vez que el señor González denunció al Comisario de Marbella dos años después de dicho encuentro». «Llama por tanto la atención que de una conducta de chantaje, tal y como la define el señor González, inmediatamente informé a mis superiores, lo que me definiría como el más torpe de los chantajistas en activo», sentencia este comisario.
En la denuncia presentada Villarejo considera que los hechos «podrían ser cuanto menos constitutivos» de los delitos de acusación y denuncia falsa, amenazas y coacciones, así como de injurias y calumnias, «estas dos últimas agravadas por la publicidad con la que se han llevado a cabo».