El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado este jueves que el refuerzo de los controles de documentos y personas en las fronteras exteriores de la UE –una medida aprobada por los líderes europeos como respuesta a los atentados de París en enero con el fin de detectar los movimientos de yihadistas europeos– comenzará a aplicarse a mediados del mes de mayo.
Fernández Díaz ha desvelado además que en julio se creará dentro de Europol una unidad para «limpiar la red de contenidos radicales o terroristas» y prevenir así la radicalización y el adiestramiento de terroristas. En España, el punto de contacto de esta nueva unidad será el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).
«Creo que son dos medidas que sin duda pueden incidir muy positivamente en contribuir a incrementar la respuesta a la amenaza del terrorismo yihadista», ha dicho Fernández Díaz a su llegada a la reunión de ministros del Interior de los 28 dedicada a fijar el calendario de puesta en marcha de las medidas adoptadas por la UE tras el ataque contra la revista satírica 'Charlie Hebdo'.
El ministro del Interior prevé que «para mitades del mes de mayo se empiecen a adoptar medidas ya de control documental y control de personas en las fronteras exteriores de la Unión, sobre la premisa de que cuanto más seguras sean las fronteras exteriores más y mejor garantizada estará la libertad de circulación en el interior de la Unión».
En cuanto a la nueva unidad de Europol de vigilancia de Internet, Fernández Díaz ha indicando que «pretende ser un referente a nivel mundial» y que el objetivo es que «pueda empezar a prestar sus servicios ya para el mes de julio».
«Puede colaborar de manera muy importante para evitar la radicalización, el adiestramiento pasivo y un fenómeno tan peligroso como el de los terroristas solitarios», ha apuntado.
PP y PSOE no encuentran nuevos apoyos en el Senado
El Pleno del Senado ha aprobado en la noche del miércoles la proposición de ley de reforma del Código Penal en materia de terrorismo, derivada del pacto contra el yihadismo entre 'populares' y socialistas. De este modo, la iniciativa volverá al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva sin que 'populares' y socialistas hayan logrado en la tramitación de la Cámara Alta recabar nuevos apoyos al texto, que tan sólo han contado con el respaldo de los minoritarios UPN, CC y Foro Asturias, firmantes también de la proposición de ley.
La reforma ha quedado por tanto aprobada pasada la medianoche después del debate en el que han sido rechazados todos los vetos presentados por los grupos de la oposición y rechazadas la gran mayoría de las enmiendas votadas. Tan sólo ha sido aceptada una enmienda presentada por CiU que afecta a una cuestión técnica sobre la entrada en vigor de esta reforma.
En declaraciones a Europa Press, el secretario general del Grupo Popular en el Senado, Antolín Sanz, celebraba lo que ha calificado como «un gran acuerdo». «En el día del aniversario del 11M (por ayer) uno de los días más crueles de nuestra historia, nos dotamos de los medios para que esto no se vuelva a repetir», ha dicho.
Ha destacado que el texto ha cosechado el apoyo del 93 por ciento del Senado y, a su juicio, este paso «demuestra a la comunidad internacional que España es capaz de dejar a un lado las diferencias y luchar juntos contra el terrorismo al tiempo que supone un mensaje para los radicales». «Por mucho que el terrorismo se transforme, la unidad se mantiene», ha zanjado.
Este texto es el resultado del pacto sellado el pasado 2 de febrero en el Palacio de la Moncloa por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Para ello fue necesario que 'populares' y socialistas acordasen eliminar del redactado la mención expresa a la prisión permanente revisable para castigar los casos de asesinato. El PSOE, que se opone a esa figura ya recogida en el Código Penal, exigió que se eliminase cualquier alusión directa.
Otra de las principales novedades con respecto al primer borrador que presentó el Ejecutivo es que acota los casos en los que será delito el denominado adoctrinamiento pasivo condicionándolo a que la consulta de páginas webs con contenido yihadista se haga con el objetivo de integrarse en una banda terrorista, colaborar con ella o perseguir sus fines.
Otra de las novedades son las penas a imponer para los casos de quien se desplace a una zona de conflicto para integrarse en una organización terrorista (principalmente Siria e Irak), una decisión que en España ya han tomado entre 70 y 80 personas, según los casos detectados por las fuerzas de seguridad. Se castigarán estas acciones con penas de entre dos a cinco años.
Una de las penas más altas, de diez a veinte años de prisión, castigará el tráfico de armas, sustancias o aparatos nucleares, radiológicos, químicos o biológicos, o cualesquiera otros de similar potencia destructiva. Desaparece de la redacción del texto definitivo la penalización de la «mera voluntad» o «haber iniciado preparativos» para llevar a cabo alguna de estas conductas, un extremo que si recogía el primer borrador.
Lobos solitarios
Esta Ley orgánica modificará los artículos del Capítulo VII del vigente Código Penal sobre delitos terroristas e introducirá otros nuevos con el ánimo de adaptar la ley al terrorismo yihadista, comenzando por establecer una nueva definición sobre lo que es ser terrorista para lo que ya no será necesario una integración en grupo armado. De este modo se regula la figura de los denominados 'lobos solitarios'.
En el capítulo de enaltecimiento de estos delitos terroristas, la pena máxima pasa de dos a tres años, lo que abre la puerta a entrar en prisión incluso sin antecedentes, y se tiene en cuenta como agravante cuando estos mensajes de enaltecimiento y justificación se realicen por Internet o las redes sociales. Además el juez podrá acordar la destrucción y borrado de archivos informáticos o documentos o el acceso portales de Internet.
Por último, la ley recoge de la siguiente manera la prohibición para que las personas condenadas por este tipo de delitos puedan ejercer como profesores: «Será también castigado con las penas de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre seis y veinte años al de la duración de la pena impuesta». Asimismo se incluye la figura de libertad vigilada durante un máximo de diez años para aquellos a los que se les imponga una condena grave por uno o más delitos.