El Consejo de Ministros aprobará este viernes un Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que renuncia a algunas de las propuestas iniciales más polémicas como la posibilidad de que el Ministerio del Interior interviniera comunicaciones sin autorización judicial. La norma mantiene previsiblemente la fijación de plazos para la instrucción a pesar de la recomendación del Consejo de Estado e incluye la sustitución del actual «imputado» por «investigado».
La norma se ha visto recortada durante los últimos meses, desde la aprobación del anteproyecto en diciembre y tras las dudas ofrecidas por los órganos consultivos respecto a diferentes cuestiones incluidas inicialmente en el Anteproyecto.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió en su informe que la intervención de conversaciones sin el aval de un juez podía no tener «encaje constitucional» por lo que el artículo en el que se recogía fue retirado.
Por su parte, el Consejo de Estado mostró su preocupación por la fijación de plazos para la instrucción y consideró que la correcta indagación de los delitos debe prevalecer sobre la rapidez. El anteproyecto preveía un plazo ordinario de seis meses de instrucción ampliable a 18 en causas complejas y que podía prorrogarse hasta los 36 meses.
Plazos de investigación
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha indicado en varias ocasiones que respetará la opinión de estos órganos de consulta, pese a lo cual los límites a la investigación judicial se mantendrán previsiblemente en el Proyecto que irá hoy al Consejo de Ministros.
Catalá también ha adelantado que el texto incluirá las mejoras propuestas en lo que se refiere a la denominación de «imputado» para aquella persona inmersa en una investigación judicial.
El Consejo de Estado señaló que el término es confuso y aconsejó cambiarlo por «investigado» para las primeras fases del proceso. A medida que aumenten los indicios o se consoliden las pruebas contra el acusado, éste pasaría a llamarse «encausado».
La Lecrim también incluirá normas para de «conexidad» de delitos por las que se generará una instrucción «singular y diferenciada» con la intención de que las sentencias sean dictadas en tiempos más cortos y se eviten los 'macroprocesos'.
Habilitará también una segunda instancia penal, un déficit que ha sido una crítica permanente por parte de organismos internacionales como comités de la ONU o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia revisarán las sentencias dictadas en primera instancia por Audiencias Provinciales y también se reforzará la Sala de apelaciones de la Audiencia Nacional.