La Guardia Civil de Oviedo ha desarticulado una red que había estafado más de 1,2 millones de euros a pequeñas y medianas empresas ofreciéndoles falsos créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), y ha detenido a 10 personas y imputado otras 19 por delitos de pertenencia a organización criminal y estafa.
Según ha informado el Instituto Armado, la investigación, bautizada 'Antílope', se inició tras la denuncia interpuesta por un vecino de la localidad ovetense de Tineo que dijo haber sido víctima de una estafa por importe de 1.200 euros, que había tenido que abonar a empresas ubicadas en las ciudades de Madrid y A Coruña. El hombre había contactado con ellas por Interney y éstas le aseguraron que le conseguirían un crédito del ICO.
Las investigaciones constataron que estas empresas existían realmente, tenían un buen posicionamiento web y una imagen corporativa muy cuidada. Ofertaban la tramitación y concesión de subvenciones, financiaciones, créditos, etcétera, y solicitaban a sus clientes entre 900 y 1.900 euros en concepto de «asesoramiento» y «gastos de gestión».
La Guardia Civil localizó a un elevado número de personas repartidas por toda España que aseguraban haber sido víctimas de estafas en circunstancias similares. En la mayoría de los casos, los solicitantes quedaron en una situación económica límite, al haber tenido que hacer un importante desembolso para tramitar de créditos que se les presentaban como una solución económica y que nunca se les llegaron a conceder.
Todas estas personas coincidían en la descripción del modo en el que habían sido captados por parte de la empresa madrileña. Las potenciales víctimas contactaban con ella por Internet y los empleados de esta firma, tras mantener conversaciones telefónicas y correos electrónicos con los clientes potenciales, les aseguraban la fácil concesión de créditos por importes variables y les pedían dinero por asesoramiento y gastos de gestión.
Cuando los interesados accedían a contratar sus servicios, ingresaban dinero en una cuenta de la empresa de Madrid y entonces eran derivados automáticamente a otra empresa situada en A Coruña, que se encargaría de la tramitación real de los créditos y que comenzaba a reclamar documentos de forma sucesiva y «desmesurada».
Estas gestiones se demoraban hasta el punto de que en unos casos se extinguían los periodos contratados por los clientes y en otros éstos mismos desistían de los servicios contratados cansados de reunir y remitir tanta documentación.
Hasta el momento se ha recopilado 178 denuncias por los hechos citados, si bien se considera que el número de afectados podría ser mucho mayor, por lo que se espera que el número de denuncias se incremente. La Guardia Civil continúa con las investigaciones por lo que no se descartan nuevas detenciones.