Cómo intentar interferir desde la mesa del Gobierno en los procesos electorales; y disimular para que no se note. Eso es lo que ha hecho este viernes el Gobierno de Mariano Rajoy. El Consejo de Ministros ha aprobado dos medidas que a simple vista podrían parecer inocentes: el Real Decreto-Ley de reforma de la formación profesional y la nueva Oferta de Empleo Público (OEP) destinada principalmente a reforzar la lucha contra la corrupción. Pero lo cierto es que nada de ello es casual. El momento no podía haber sido mejor elegido: a dos días de que los andaluces renueven gobierno. De hecho, a la vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, le ha venido 'perfecto' el anuncio de la nueva reforma de formación para el empleo para recordar que el caso de los cursos de formación en Andalucía es uno de los «más graves y llamativos de nuestra democracia».
Santamaría y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, han recurrido al argumentario habitual: la necesidad de fortalecer la lucha contra el fraude y la mejoría de la situación económica de la que tanto presumen los 'populares'. Aunque se han olvidado de apuntar la razón estrella de este anuncio: las cuatro convocatorias electorales que celebrará España este año. Una de ellas inminente: la de Andalucía. En definitiva, un mensaje perfectamente elegido como colofón de una intensa campaña que el propio presidente del Gobierno cerrará este viernes en Sevilla, junto a su secretaria general, María Dolores de Cospedal, y su candidato en la región y apuesta personal, Juanma Moreno Bonilla.
El Gobierno mata así tres pájaros de un tiro de cara a estos importantes comicios. Por un lado, reforzar su compromiso con la lucha anticorrupción, un mensaje especialmente sensible en Andalucía, donde los escándalos de los ERE y de los cursos de formación han hecho mella en el Partido Socialista que lleva más de 30 años gobernando la región. Por otro lado, insistir en el mensaje de la supuesta recuperación económica, que es a juicio de Montoro la única razón que ha permitido al Gobierno pasar de una tasa de reposición del 10% en sectores claves para el Gobierno que ha imperado en los tres primeros años de legislatura, a una del 50% durante 2015. Y en tercer lugar, recordar a los andaluces que el «PP es el único partido que puede llevar el cambio» a la región que hoy gobierna Susana Díaz.
Así pues, y tal y como ha desgranado Montoro este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la nueva OEP aprobada por el Gobierno incluye 7.416 plazas de nuevo acceso y 3.834 de promoción interna. En concreto, y según ha explicado el ministro, esta cifra multiplica por más de cuatro la oferta de 2014, e incrementa en un 79% la promoción interna. Dentro de las 7.416 plazas de nuevo acceso, 6.692 forman parte de la oferta ordinaria para este año y 724 se corresponden con la oferta de empleo adicional y extraordinaria que ha convocado el Gobierno para combatir el fraude y reforzar la plantilla de la Administración Local y de la Justicia. No hay que olvidar que la masa funcionarial representa un voto muy importante en época electoral para los partidos que están en el Gobierno.
Para reforzar el mensaje de compromiso con la lucha anticorrupción, el Gobierno ha especificado que de las 6.692 plazas de nuevo acceso convocadas para este año en la oferta ordinaria de empleo público se dividen en 2.868 plazas para la Administración General del Estado (AGE), 230 para la Agencia Tributaria, 50 para funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, 1.350 para Justicia, 1.374 para el Cuerpo Nacional de Policía y 820 plazas para la Guardia Civil. Así pues, de las 724 plazas que forman parte de la oferta extraordinaria, 190 corresponden a la AGE, 254 para la Agencia Tributaria, 200 para funcionarios locales con habilitación de carácter nacional, y 80 para Justicia.
Formación para el empleo
Aunque el empleo público no ha sido el único mensaje subliminal de este viernes. La reforma de formación profesional, que no cuenta con el acuerdo de los agentes sociales, también ha estado muy bien llevada. La ministra del ramo, Fátima Báñez, ha sido la encargada de presentarla y recalcar insistentemente en su objetivo fundamental: mejorar la calidad de los cursos para el acceso a empleos más cualificados y dotar al sistema de mayor transparencia para evitar nuevos casos de fraude en este ámbito, pero también solucionar la corrupción que ha surgido en torno a este asunto.
En concreto, el Gobierno se refería este viernes al escándalo de los cursos de formación que actualmente investiga la Justicia en Andalucía. Según la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción, un entramado sistemático y continuo en el tiempo de desvío de fondos para formación de parados a centenares de empresas e intermediarios y cuyo saqueo podría ascender a los 2.000 millones de euros tan sólo entre 2009 y 2011, la mayor parte de ellos procedentes de la Unión Europea. Entre los detenidos, algún cargo público, como el exjefe de Formación Profesional Ocupacional de Granada y actual secretario provincial de Fomento y Vivienda de la Junta, Juan Manuel León Sánchez.
Con esta reforma, ha explicado el Gobierno, entre otras cosas se abre la gestión directa de los fondos y la impartición de cursos de formación de oferta -financiada con cuotas, fondos públicos y europeos- a la libre concurrencia y relega a patronal y sindicatos a un papel de planificación de estos programas. Esto evitará que, como hasta ahora, los agentes sociales sean juez y parte en la formación, y permitirá, según el Gobierno, que sea el mercado el que dirija a los trabajadores hacia las mejores ofertas de formación. Además, si en los últimos años se adelantaba la financiación de estas subvenciones directas a las empresa en un 100%, a partir de ahora sólo se anticipará el 25% para evitar casos de fraude.