El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha citado a declarar en calidad de imputados, para el próximo viernes, al expresidente del Govern Jaume Matas y al extesorero del PP balear Fernando Areal, en el marco de la pieza que investiga la financiación presuntamente ilegal de la reforma de la sede de los 'populares'.
Así lo ha acordado el magistrado mediante un auto dictado este lunes, en el que precisa que Matas declarará por videoconferencia desde la cárcel de Segovia, donde cumple condena desde julio de 2014. También han sido citados para este viernes, en su caso como testigos, la exalcaldesa de Palma Catalina Cirer y Joan Huguet.
Las comparecencias se enmarcan en la pieza 28 del caso Palma Arena, recientemente abierta para investigar de qué forma fueron sufragados los trabajos de reforma de la sede del PP, pagos que presuntamente corrieron a cargo del empresario y propietario de la constructora Bruesa, Antonio Pinal, a cambio de resultar favorecido con distintas adjudicaciones públicas durante el último mandato de Jaume Matas (2003-2007).
Castro tiene sobre su mesa la confesión efectuada por el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, quien tanto ante la Fiscalía Anticorrupción como ante el propio juez explicó que Pinal le comentó que ayudó en la compra del sede del partido a cambio de serle adjudicado el desarrollo de un proyecto urbanístico en los cuarteles de Son Busquets.
En el caso de Areal, cuñado del propio Matas, se trataba del supuesto encargado de mediar en el cobro de los sobornos. De hecho, su nombre ha aparecido en distintas ocasiones y en otras piezas de la causa. De hecho, el administrador de Over Marketing, Daniel Mercado, cuya empresa también está siendo investigada por financiar la organización de las campañas electorales del PP, explicó cómo Areal era quien establecía los pagos en dinero A y B.
Asimismo, el constructor Juan Serra, quien también se encargó de la reforma de la sede, reconoció haber recibido dinero negro en el inmueble de los 'populares, más en concreto hasta 70.000 euros en metálico y sin factura a través de Areal.
Del mismo modo, otra de las investigaciones del caso Palma Arena se centra en el presunto delito electoral que se habría producido con motivo de los servicios prestados por la empresa Nimbus -a la que también se habrían adjudicado sin concurso público diversos contratos- en favor del PP durante la campaña electoral de 2007. Las pesquisas apuntan a que la agencia emitió facturas falsas con sobrecostes sin justificar, cobrando a cambio a 'precio coste' la organización de la campaña.