La titular del Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona ha avisado a las autoridades andorranas de que la fortuna de la familia del expresidente catalán Jordi Pujol puede proceder de «abusos en la alta función pública» que desempeñó el político durante sus 23 años al frente de la Generalitat.
En un escrito recogido por Europa Press, en el que se solicita información de las cuentas que la familia tiene en bancos andorranos, la magistrada considera que el hecho de que la fortuna esté fuera de España y de forma opaca para las autoridades españolas «pudiera formar parte de un circuito financiero encaminado a disimular el posible origen delictivo».
La juez aclara que su investigación trata de esclarecer que los fondos «pudieran proceder de abusos de la alta función pública desempeñada por Jordi Pujol Soley, máximo responsable de la Administración Autónoma catalana durante más de 20 años»; la familia defiende que el origen de los fondos son un legado del padre del expresidente.
En el documento de solicitud de asistencia judicial, dirigido a la Batllia d'Andorra la Vella, la juez solicita información de la Banca Privada de Andorra (BPA) y de Andbank sobre las cuentas que el matrimonio Pujol y sus hijos Marta, Pere y Mireia puedan tener en estas entidades, la documentación bancaria de las cuentas, extractos de movimientos, correspondencia con la entidad, entre otros.
«Máxima urgencia»
Además, pide a las autoridades que se dé respuesta a la petición con la máxima urgencia dada «la trascendencia pública de Jordi Pujol y la alarma social generada por estos hechos en España».
La juez considera que la entrega de los datos bancarios de la familia es «imprescindible para poder determinar la autoría de los hechos denunciados», y aclarar dónde pudieron depositar fondos procedentes de presuntas conductas delictivas cometidas por Jordi Pujol en la etapa en que fue presidente, según el escrito.
Asimismo, para «identificar las fuentes desde las que se nutrieron de fondos dichas cuentas o instrumentos financieros, siendo tal información bancaria necesaria para aclarar la titularidad y disponibilidad de los fondos depositados en cuentas bancarias andorranas, así como su origen real».
La juez investiga al expresidente, su esposa y tres de sus hijos por delitos de blanqueo y contra la Hacienda pública después de que confesara tener dinero en el extranjero sin regularizar procedente de un legado de su padre de 1980.
La investigación se centra en aclarar si la familia creó un presunto «entramado financiero con el propósito de encubrir el origen delictivo del dinero» que el expresidente ocultó durante 30 años en el extranjero.