El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha decretado el archivo provisional de la causa seguida contra 22 empresarios que realizaron donaciones que fueron anotadas en la contabilidad B del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, al no haber sido posible establecer una vinculación entre esas aportaciones y la adjudicación de contratos públicos a sus compañías.
Así consta en un auto dictado este lunes en el que el magistrado transforma las actuaciones sobre la caja B del PP en procedimiento abreviado, trámite equivalente al procesamiento, y acuerda, a instancias de la Fiscalía, el sobreseimiento de las actuaciones que fueron abiertas contra 22 empresarios, el supuesto 'número dos' de la trama Gürtel Pablo Crespo y el ex secretario general del PP Ángel Acebes, que fue investigado por el proceso de compra de acciones de Libertad Digital.
El magistrado considera que «por el momento» no existen suficientes indicios que justifiquen la comisión de delitos de cohecho o tráfico de influencias por parte de los querellados y recalca que «no resulta posible establecer una vinculación o relación entre los ingresos por donaciones investigados y la adjudicación de contratos públicos a los presuntos donantes».
Eso sí, destaca que el conjunto de las actuaciones permiten dotar de «suficiente apariencia de veracidad» a las aportaciones económicas que fueron atribuidas a los empresarios que mantenían contratos de prestación de servicios o realización de obras o suministros para la Administración Pública entre 2002 y 2009.
En el caso de Acebes, el juez señala que las diligencias de investigación practicadas «no resultan suficientemente concluyentes» para atribuir su participación en la entrega de fondos de la caja B del partido a la suscripción de acciones de Libertad Digital.
Ruz retiró ya la imputación a Acebes en la pieza principal del 'caso Gürtel' al considerar que no hay suficientes indicios de que autorizara a Bárcenas la compra de los títulos con 149.600 euros procedentes de la 'caja B'.
En concreto, el magistrado ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones seguidas contra José Mayor Oreja, hermano del ex ministro Jaime Mayor Oreja y expresidente de FCC Construcción; el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir; y el expresidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero, aunque este último continuará siendo investigado en los juzgados de Toledo por el contrato de basuras concedido por el Ayuntamiento a la empresa Sufi, filial de Sacyr.
Ruz ha decretado también el archivo cautelar de la causa que fue abierta contra José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando), Manuel Contreras Caro (Azvy), Alfonso García Pozuelo (Construcciones Hispánica), Juan Manuel Fernández Rubio (Aldesa), Antonio Vilela (Construcciones Rubau) y Pablo Crespo (supuesto número dos de la trama 'Gürtel').
Completan la relación Rafael Palencia, presidente de Degremont Iberia; Cecilio Sánchez, exdirector comercial de FCC; Camilo José Alcalá, presidente consejero delegado de Cyopsa-Sisocia; José Antonio Romero, administrador de la mercantil Grupo Romero Polo; y José Luis Suárez, presidente de Construcciones Parraño.
El juez ha tomado la misma decisión en el caso de Joaquin Molpeceres, del grupo Licuas; Antonio Pinal, presidente consejero delegado de Bruesa; Ignacio Ugarteche, consejero de Urazca Construcciones; Ramón Aigé, presidente de Sorige-Acsa; y Vicente Cotino, sobrino del presidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino y administrador único de Asedes Capital.
Por último, el magistrado ha archivado también las diligencias seguidas contra los empleados del estudio de arquitectura Unifica María Rey y Claudio Montero al no quedar «debidamente justificada» su participación en el pago en negro de las obras de la sede nacional del PP, en Génova 13.