La Junta de Andalucía ha decidido cesar a los delegados provinciales de Empleo en Huelva y Sevilla, Eduardo Muñoz y Aurora Cosano, detenidos por la Guardia Civil en el marco de la operación iniciada por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la administración autonómica que investiga la juez Mercedes Alaya, aunque ha querido dejar claro que las considera personas «honestas e íntegras» y ha pedido respeto a su «presunción de inocencia».
Así lo ha anunciado este martes el portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Miguel Ángel Vázquez, a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa posterior a la primera reunión del Consejo de Gobierno en funciones tras las elecciones autonómicas del pasado domingo.
Tras señalar que el Gobierno andaluz «no conoce los detalles de la operación», sino únicamente la «información publicada en los medios de comunicación», Vázquez ha explicado que, aunque la Junta respeta la «presunción de inocencia» y está «convencida de que los altos cargos en activo son personas honestas e íntegras», ha decidido «apartarlos de sus funciones» porque es necesario «actuar de manera implacable».
El portavoz ha defendido que este proceder permite «acompasar el discurso a los hechos», dar «tranquilidad» a los ciudadanos y, con ello, «preservar el buen nombre de la Junta de Andalucía». «Con esta decisión de actuar de forma inmediata e implacable, demostrando que decimos y hacemos, reservando el buen nombre de la institución y respetando la presunción de inocencia ponemos en evidencia lo que se hace en otras instituciones», ha defendido.
«Andalucía no es Madrid»
Y es que, según sus palabras, «Andalucía no es la comunidad autónoma de Madrid» ya que aquí «ni se jalean ni se mantienen los cargos públicos implicados en casos de corrupción» como, según ha recordado, el caso de la jefa de campaña de la actual candidata del PP a la Alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre.
Vázquez no ha querido entrar a valorar si la juez Alaya habría esperado a que pasasen las elecciones para ordenar esta nueva operación y ha recalcado que el Gobierno andaluz no hace valoraciones sobre los tiempos de la Justicia, es ésta la que «administra sus decisiones y procedimientos». De hecho, tampoco ha querido valorar la supuesta unidad de intereses entre la Junta y el PSOE en la causa de los cursos a la que apunta la juez y ha recalcado su «respeto» y «colaboración» con los procedimientos judiciales abiertos.
Chaves y Griñán corresponden al PSOE
Preguntado por si la decisión de apartar a los dos altos cargos supone un agravio si se compara con la continuidad de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán en sus escaños en Congreso y Senado, Vázquez ha dicho que él responde por los asuntos que competen a la Junta y que «corresponden a otros ámbitos, instituciones o partidos, en este caso a la dirección del PSOE, valorar o hacer comentarios sobre ellos».
En otro orden de cosas, Vazquez ha insistido en la presunción de inocencia de todos los detenidos este martes y ha hecho énfasis en los dos cargos a los que el Consejo de Gobierno ha apartado admitiendo que «puede que esta decisión sea considerada a la postre injusta» porque el derecho a la presunción de inocencia es un derecho consagrado por la Constitución pero el Gobierno andaluz da «ejemplo» y respuesta a la ciudadanía, que exige «no solo palabras sino hechos».
«No podemos estar diciendo una cosa y haciendo la contraria; solo de esa forma conseguiremos recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones», ha ahondado.
Por otro lado, sobre la posición de la Junta ante los informes de la Intervención General que determinaban el menoscabo de fondos públicos, ha dicho que la Administración regional ha seguido «de manera escrupulosa» las indicaciones que marcaban los distintos informes.
Comisión de investigación
Por último, sobre la creación de un futura comisión de investigación sobre los cursos de formación una vez constituido el nuevo Parlamento, algo que han demandado varios partidos, ha dicho que este asunto está en el ámbito judicial, en el que la Junta «está colaborando», además de personada en la causa.
En cualquier caso, ha apelado a la «autonomía de las diferentes fuerzas políticas» en el Parlamento para tomar sus propias decisiones o reivindicaciones y ha añadido que el Gobierno va a seguir haciendo «lo mismo que ha hecho hasta ahora», que es «colaborar y defender que el dinero público se destine al fin que estaba previsto».