La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en el sector de la justicia, solicitó anoche al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que paralice el traspaso de la gestión del Registro Civil a los registradores de la propiedad y mercantiles.
El sindicato asegura, en una nota de prensa, que el titular de Justicia «reconoció» durante el encuentro «que aún no hay una decisión definitiva sobre el futuro del Registro».
El proyecto de Ley de medidas de Reforma Administrativa y del Registro Civil, actualmente en el Congreso de los Diputados, volvió ayer a verse aplazado con una nueva ampliación del trámite de enmiendas. Se ha ampliado 25 veces desde que llegó a la Cámara el pasado mes de septiembre.
El CSIF considera que debe existir una garantía de mantenimiento de «todas las plazas» en la Administración de Justicia con o sin Registro Civil y asegura que debe garantizarse que «ningún funcionario será forzado a cambiar de domicilio y que, todo el proceso, debe hacerse respetando la máxima voluntariedad».
A este respecto, el ministro de Justicia ofreció su compromiso para «respetar esas líneas rojas», garantizando que se mantendrán todas las plazas existentes y manifestó su interés por la alternativa propuesta por el sindicato, la gestión a cargo de los funcionarios de Justicia, indica el CSIF.
Los funcionarios de la Justicia, a través de las diferentes plataformas constituidas contra los recortes en toda España, asociaciones ciudadanas, los diferentes operadores jurídicos y las organizaciones sindicales se concentrarán en «una gran movilización estatal» el próximo 11 de abril contra la iniciativa.