La Sociedad Española de Salud Publica y Administración Sanitaria (SESPAS) ha solicitado a los gobiernos y a las administraciones públicas la aplicación de medidas «urgentes» para combatir los efectos de la pobreza infantil sobre la salud, en la actual crisis económica. «Ya hay pruebas científicas suficientes para afirmar que el grado de pobreza infantil alcanzado en España dejará efectos indelebles en la salud de los niños a lo largo de su vida», afirman desde SESPAS.
Y es que, según ha denunciado, los menores están en los mensajes pero «no» en la agenda efectiva que prioriza las medidas económicas y sociales con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades y revertir el aumento de la pobreza infantil y las desigualdades sociales.
En este sentido, la sociedad ha recordado que la evidencia científica ha mostrado que la exposición durante la infancia a situaciones de privación y desigualdades sociales se asocia a «peores» resultados en salud a corto, medio y largo plazo. Además, recalca, cuanto más precoz es la exposición, «más irreversibles y definitivos» son los efectos negativos.
«Lo que experimenta un menor durante sus primeros años sienta las bases del lenguaje y el desarrollo cognitivo, físico, social y emocional para la vida adulta. La escolarización precoz ha demostrado un impacto positivo en el desarrollo cognitivo, el nivel académico y las posibilidades futuras de inserción social de la población general y, sobre todo, tiene un efecto más positivo en la población con menos recursos y menor nivel educativo», ha apostillado.
Asimismo, SESPAS ha comentado que la población infantil española presenta peores condiciones de vida, mayor riesgo de pobreza y más desigualdades en las condiciones materiales desde el inicio de la crisis. Un empeoramiento que, según explica, ha sido más importante entre estos menores si se compara con la población general o con los mayores de 65 anos. De hecho, según un reciente informe de UNICEF, la población infantil en riesgo de pobreza ha pasado del 28,2 por ciento al 36,3 por ciento entre 2008 y 2012.
«España es uno de los países de Europa con mayor porcentaje de población infantil en riesgo de pobreza. El porcentaje de menores que viven en hogares con todos los miembros de la familia desempleados ha aumentado del 6,5 por ciento en 2008 al 13,8 por ciento en 2012. El aumento del desempleo (sobre todo el de larga duración), de las condiciones de trabajo precarias y de las dificultades para cubrir las necesidades básicas familiares han empeorado las condiciones de vida en buena parte de la población infantil en los últimos años», ha indicado.
Dicho esto, SESPAS ha advertido de que el número de familias con menores que acuden a organizaciones no gubernamentales en busca de ayuda para cubrir sus necesidades básicas se ha triplicado desde 2007. «Ya existe evidencia de una peor salud general y peor salud mental en los menores de familias vulnerables que requieren ayuda para mantener su vivienda o que han sido desahuciados», ha sentenciado.
Del mismo modo, la organización ha denunciado que los presupuestos españoles en protección social infantil han disminuido y son de los «más bajos» de la Unión Europea. Y es que, la inversión en políticas públicas para la infancia fue de 1,4 por ciento del PIB en 2012, siendo del 2,2 por ciento en la Unión Europea. «Si continúa la tendencia al aumento de las desigualdades sociales y de la pobreza infantil, en las futuras generaciones aumentará la prevalencia de problemas de salud y de personas en mala situación económica y laboral. Con las políticas actuales se esta hipotecando la salud y la vida en general de la futura sociedad española», ha enfatizado SESPAS.
Medidas propuestas
Por todo ello, ha abundado en la necesidad de que se adopten medidas urgentes para garantizar la disminución progresiva de la pobreza y asegurar la equidad en el crecimiento y desarrollo de la población infantil española. En concreto, ha abogado por adoptar medidas para que todos los padres tengan un trabajo digno; se mantengan los comedores escolares abiertos durante todo el año; se promueva la creación de plazas de educación infantil pública para todos los menores; y se eviten los desalojos de familias con niños que no pueden hacer frente al pago de hipotecas.
Del mismo modo, ha solicitado que se garantice el acceso a los suministros básicos de las familias con menores en situación de vulnerabilidad para combatir la pobreza energética, mediante acuerdos entre la Administración y las empresas suministradoras; y se deroguen las disposiciones del Real Decreto 16/2012 que excluye a los inmigrantes irregulares de la asistencia sanitaria.
«Mientras tanto, es imprescindible que las administraciones cumplan estrictamente lo dispuesto en el mencionado Real Decreto sobre acceso universal y gratuito a los servicios sanitarios a las embarazadas y menores de 18 años, evitando la conculcación de derechos que se está produciendo en diversas comunidades en la población infantil en situación administrativa irregular», ha zanjado.