El PSOE ha pedido la imputación de la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y de su antecesor en el cargo, Ángel Acebes, por haber mantenido, al menos entre los años 1990 y 2008, una «financiación ilegal sistemática» de la formación que era opaca a la Hacienda tributaria.
Así consta en el recurso presentado por los socialistas contra el auto en el que juez Ruz propuso juzgar a seis personas, entre ellas los extesoreros 'populares' Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, por la 'caja B' del PP, cuya responsabilidad el PSOE atribuye al «núcleo dirigente» de la formación presidida por Mariano Rajoy.
El partido de Pedro Sánchez, que ejerce la acusación popular en esta causa a traves de su organización en la Comunidad Valenciana, recuerda que, de acuerdo con el auto del juez Ruz, la contabilidad B del PP era conocida por los dirigentes de la formación, que «participaban en ella» en lo relativo a «ideación, estructuración y recepción» de los fondos.
«Todo ello son decisiones trascendentes, que no parece pudieran ser ajenas a las personas con responsabilidad dentro de esa formación política, más allá de la responsabilidad meramente contable», señalan los socialistas antes de apuntar que, según el magistrado, los fondos opacos sirvieron para financiar gastos de campañas electorales y del partido como la reforma de la sede central, en la calle Génova de Madrid.
«Administradores» del PP
Tras considerar que no es «razonable» que el ámbito de decisión respecto del ingreso y uso de los fondos del PP se limitara a sus sucesivos tesoreros o gerentes, el PSOE señala que la responsabilidad penal por los delitos fiscales atribuidos por el juez Ruz a Bárcenas y Lapuerta debería recaer en los «administradores» de la formación, y, en consecuencia, en sus secretarios generales durante el citado periodo.
«Aun cuando confieran poderes, no pierden su condición de administradores como habilitación especial de la que se les dota en cada Congreso Nacional del referido partido, figurando a todos los efectos, como administradores de derecho de la sociedad», apunta el recurso.
El escrito del PSOE también destaca que el auto de Ruz echa en falta en el ordenamiento jurídico un delito de financiación ilegal tipificado como tal, por lo que únicamente se pueden imputar los delitos fiscales por la ausencia de tributación en el Impuesto de Sociedades y el IVA, la falsedad documental e incluso un delito electoral.