El tribunal juzgador de la pieza 3 del caso Gürtel, relativa a presuntas irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009, ha suspendido el juicio y lo retomará el 11 de junio tras solicitarlo las defensas de los 13 acusados, entre los que se encuentran dos exconselleras del equipo de Gobierno de Francisco Camps: Milagrosa Martínez y Angélica Such.
Las defensas han mostrado sus dudas sobre la imparcialidad del tribunal juzgador en los dos días que se han destinado a cuestiones previas -ayer y hoy–, y una de las partes ha recusado al magistrado Juan Climent por haber pertenecido al gobierno socialista en la etapa de Joan Lerma.
Las acusaciones –Fiscalía y PSPV– han defendido, por contra, que el tribunal no está contaminado, y en concreto la acusación popular –los socialistas– ha detallado que Climent entró al gobierno de la mano de Rafael Blasco -en su última etapa pública fue conseller del PP– y ha alegado que no coincidió en el tiempo con el secretario general del PSPV, Ximo Puig.
El tribunal se ha retirado para deliberar sobre estas cuestiones, y finalmente ha acordado suspender el juicio y retomarlo el 11 de junio. Así, da más tiempo a las partes para estudiar la documentación del caso y garantizar el máximo derecho de defensa.
Montaje de Rubalcaba
El considerado número 2 de la trama Gürtel, Pablo Crespo, ha afirmado, en relación con la pieza 3 del caso Gürtel que se juzga desde este martes en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que «todo esto es un montaje político que se organizó desde el despacho» del exministro y ex líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.
Crespo se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación en un receso de la vista por la pieza 3 del caso Gürtel, relativa a presuntas irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009.
Crespo ha aseverado que para él hoy es un día «alegre», porque estaba deseando que se le juzgara «por fin», pero ha agregado: «Hay funcionarios -en el banquillo– que no tienen nada que ver con todo este montaje político que se organizó en su día desde el despacho de Rubalcaba, y ellos son padecederos de esta forma atroz de esta realidad», ha dicho.
Así mismo, ha señalado que es «injusto» que estén sentados en el banquillo, y ha subrayado que las adjudicaciones con el Consell fueron «regulares» y que las van a acreditar con diferente documentación. También ha dicho que alguien tendrá que responder en el futuro «quién y por qué» se han «falseado» informes de la Udef.
En la sesión de este miércoles, Crespo ha aclarado que cuando se refirió al despacho del exministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, quería decir que al final «todo acabó en el despacho de Antonio Camacho, quien fuera secretario de Estado de Seguridad, que fue donde acudió José Luis Peñas –exconcejal del PP de Majadahonda– con las famosas cintas y algunas cosas más».
Fiscalía acusa a las defensas de intentar una «maniobra dilatoria»
La Fiscalía Anticorrupción ha acusado a las defensas de los 13 acusados en la pieza 3 del caso Gürtel, relativa a presuntas irregularidades en las contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009, de intentar una «auténtica maniobra dilatoria» al solicitar la suspensión del juicio y ha mantenido que éste «debe celebrarse», tal y como ha ordenado el Tribunal Supremo (TS).
Así se ha pronunciado una de las fiscales encargadas del caso, Ana Cuesta, en su turno de intervención en la segunda sesión del juicio de esta pieza 3 del caso Gürtel, que ha obligado a sentar en el banquillo a dos exconselleras de Turismo del equipo de Gobierno de Francisco Camps: Milagrosa Martínez (actual alcaldesa de Novelda) y Angélica Such.
El TS dijo «de forma clara» –ha ha señalado– que este juicio «debía de señalarse sin demora». «El TS dice que hay que evitar que se produzcan dilaciones indebidas en este procedimiento. Esto solo puede materializarse si se celebra el juicio, con todo el respeto a los derechos fundamentales, y con absoluto respeto a la legalidad y a la imparcialidad», ha apostillado.
Así mismo, ha justificado tanto las detenciones de los considerados cabecillas de la trama como las intervenciones telefónicas, porque «no hay irregularidades» y las mismas se ajustan a la ley, ha puntualizado.