La Intervención General de la Junta de Andalucía ha elevado a 3.015 millones de euros las cantidades pendientes de justificar y que han sido objeto de requerimiento por parte de las intervenciones competentes en relación a los programas 32D y 32L vinculados a las subvenciones para los cursos de formación entre los años 2005 y 2013.
De este modo, y según consta en la información remitida por la Intervención de la Junta de Andalucía a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hasta 2.260 millones de euros estarían vinculados a los servicios centrales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y el resto a las distintas delegaciones provinciales, destacando el caso de la delegación de Sevilla, con 262 millones de euros, y de Cádiz, con 229 millones.
Estos datos se han conocido este martes, después de que la juez Mercedes Alaya levantara la semana pasada el secreto parcial de las actuaciones que pesaba sobre la causa del fraude en los cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía y que culminó con la operación 'Barrado' en la que la Guardia Civil detuvo a un total 16 personas, incluidos 13 exaltos cargos de la Junta, todas las cuales fueron puestas en libertad con cargos.
En este sentido, la juez dictó el lunes de la semana pasada un auto en el que acordó levantar el secreto parcial de las actuaciones que decretó el pasado 13 de febrero tras analizar los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre las «distintas direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las diversas irregularidades denunciadas» por la Intervención.