El exconsejero de Empleo andaluz José Antonio Viera ha declarado este martes que su labor en la Consejería se limitaba a la acción política y ha negado que haya creado la estructura que dio origen a la supuesta trama fraudulenta de los ERE descargando la responsabilidad en las personas que estaban por debajo de él en el organigrama de la Consejería, según ha explicado el abogado de Manos Limpias Pedro Muñoz Lorite.
Así lo ha señalado Muñoz en declaraciones a los periodistas tras la declaración de Viera ante el instructor de la causa de los ERE en el Supremo, Alberto Jorge Barreiro, que se ha prolongado durante unas tres horas.
Según explicaron fuentes presentes en la declaración, Viera se ha limitado a mantener lo que declaró en la Comisión de Investigación del Parlamento y a aseverar que no intervenía en la concesión de ayudas y que él no es jurista y no elaboró los convenios sino que se limitó a firmarlos.
Para el interrogatorio, el juez instructor del caso ha utilizado como base el informe de los peritos de la Intervención General del Estado sobre el sistema empleado para la concesión de las ayudas y ha preguntado a Viera sobre los diferentes aspectos del mismo.
En fuentes de la defensa se ha señalado también que Viera ha insistido durante su interrogatorio en que las actuaciones de la Consejería que presidió se ampararon en la legalidad vigente, que era la que emanaba del Parlamento de Andalucía. Sobre la responsabilidad del gasto, igualmente ha negado responsabilidad alguna y la ha residenciado en la Dirección General de Empleo, para añadir que si hubiera advertido alguna irregularidad, habría actuado de inmediato.
«¿Para qué es usted consejero?»
El tono de las respuestas de Viera ha merecido la intervención de uno de los fiscales presentes en la declaración, que ha preguntado a Viera que si carecía de responsabilidad tanto en lo que firmaba como en los gastos de su departamento para qué era consejero, según las mismas fuentes.
Por su parte, el abogado de la acusación particular ejercida por Manos Limpias ha mantenido que Viera ha insistido en su declaración que él tenía «una acción política» y que se «limitaba» a firmar los documentos al entender que «cuando le ponían la documentación sobre la mesa para la firma» ya habían pasado los preceptivos informes previos fiscalizadores y jurídicos.
El abogado ha dicho que Viera ha responsabilizado a las personas que estaban por debajo de él en la Consejería y, entre ellas, se ha referido al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, «que era el responsable de la concesión de las ayudas», mientras que él «se dedicaba simplemente a la firma» y a «acudir a los centros que estaban cerrando, como Cárnicas Molina o Boliden». «Él ha negado que haya creado la estructura pero sin su impulso político era imposible que funcionara tantos años», ha mantenido el abogado.
«Eso pone de manifiesto que el consejero no era consejero y básicamente se dedicaba a dar paseos por Andalucía o que la estructura creada servía para transferir grandes cantidades de dinero a empresas vinculadas con el PSOE».
El abogado de Manos Limpias ha asegurado que el juez instructor le ha «comunicado» a Viera que está «imputado por prevaricación y por malversación» y ha añadido que ha «quedado claro» que estaba declarando ante el Supremo «para responder por dos supuestos delitos de malversación y prevaricación».
A juicio de Muñoz, «atendiendo a las mismas circunstancias de otros que hemos conocido hoy en el PSOE, tendría que estar fuera del partido», en alusión al caso del eurodiputado Juan Fernando López Aguilar. Por último, el líder de Manos Limpias, Miguel Bernard, ha afirmado que el interrogatorio de la Fiscalía y del juez ha sido «demoledor» y ha afirmado que la declaración de Viera ha sido «mucho peor» que las que en su día hizo la infanta Cristina por el caso 'Noos'.
Sierra norte de Sevilla
Viera habrá respondido este martes a las preguntas sobre la concentración de ayudas a empresas de la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, todo ello después de que, en uno de sus últimos atestados, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalara que el exconsejero «pudo haber facilitado la concentración» de ayudas en esta comarca «por decisiones de diferente índole» y «con objeto de allegar fondos a determinados beneficiarios con los que mantenía relaciones, especialmente afinidades políticas».
Los agentes aseveran que Viera, «en cooperación con el resto de miembros del Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), pudo favorecer de manera desmesurada a personas de su entorno vinculadas a la comarca de la Sierra Norte de Sevilla», señalando que, como consecuencia de las decisiones adoptadas, los beneficiarios asociados a esta comarca «obtuvieron ayudas por importe total de 56.401.307,43 euros».
Así, la UCO asevera que «pudo tener una participación esencial» en estas ayudas, añadiendo que, «no es que los responsables de la Consejería, entre los que se encontraba Viera, y su equipo no conocieran cómo tenían que actuar, sino que a juicio policial deliberadamente habrían omitido todo el procedimiento legalmente aplicable y todos los controles de la Intervención para disponer de los fondos públicos de manera discrecional a favor de los terceros por ellos determinados».
«Dispendio de Fondos Públicos» en la etapa de Viera
Los agentes aseveran que «llama poderosamente la atención el desequilibrio y el dispendio de fondos públicos a favor de esta comarca de Sevilla durante el periodo en que Viera fue máximo responsable de la Consejería», pues «durante su etapa se suscribieron convenios de colaboración a favor de todas las entidades vinculadas con la misma por importe total de 29.987.287,47 euros, lo que habría supuesto el 64,1 por ciento del total de convenios suscritos y catalogados como ayudas a empresa que se concedieron en Andalucía por parte de la Consejería de Empleo y a cargo de la partida 31.L».
Así, consideran que Viera «pudo haber propiciado importantes ayudas para esta zona geográfica, a la que estaba vinculado, con objeto de allegar fondos a determinados beneficiarios con los que mantenía relaciones, especialmente afinidades políticas», y aseveran que, por ello, «habría podido incumplir la protección de los recursos públicos a su cargo y los principios de objetividad, eficacia, satisfacción de los intereses generales y que estas ayudas, por supuesto, se hubiesen empleado de manera sustancial en la creación y mantenimiento del empleo».
Los agentes precisan que, «bajo su responsabilidad, y durante el tiempo que estuvo al frente de la Consejería, se emitieron resoluciones de ayudas a favor de los beneficiarios vinculados en el atestado por importe total de 7.142.294,82 euros», a lo que se suma que, «siendo máximo responsable del IFA, se suscribieron convenios de colaboración a favor de estos beneficiarios por importe total de 15.1 millones», mientras que durante su etapa como consejero y presidente del IFA «se desembolsaron desde esta agencia fondos públicos pos 5,8 millones».