El expresidente de Andalucía José Antonio Griñán ha llegado a las nueve y media de la mañana al Tribunal Supremo, media hora antes de la que había sido convocado por el magistrado de este órgano Alberto Jorge Barreiro para interrogarle por su presunta responsabilidad en los ERE fraudulentos en Andalucía.
El que fuera también Consejero de Economía de la Junta Andaluza entre 2004 y 2009 ha acudido andando hasta la puerta del alto tribunal acompañado de su abogado José María Mohedano y ha eludido hacer declaraciones a los numerosos periodistas que le esperaban.
Griñán fue citado en calidad de «imputado en la presente causa en relación con los actos realizados en el desempeño de sus funciones» con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas por parte de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2012.
«El instructor de la causa de los ERE en el Tribunal Supremo cuenta para su interrogatorio con con diversa documentación, entre la que se encuentran determinados documentos requeridos a la Junta y una ampliación del informe realizado por la Intervención General de la Administración del Estado sobre la idoneidad de los instrumentos presupuestarios utilizados para dar las cuestionadas ayudas socio-laborales.
Documentación que no tiene las partes
Esta documentación no había llegado ayer a la defensa de Griñan, que en declaraciones a Europa Press lamentaba no poder haberla consultado de cara al interrogatorio de este jueves.
También tiene encima de su mesa el instructor el contrainforme pericial respecto al realizado por los peritos del IGAE que presentó Griñán elaborado por los catedráticos Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago a instancias de la defensa de Griñán.
«En su informe, los peritos consideran «inadecuada e improcedente» la fórmula de las transferencias de financiación y la ausencia de procedimiento legal para la concesión y entrega de las ayudas investigadas, de las que se nutrieron expedientes de regulación de empleo con irregularidades como la innecesariedad de una reestructuración laboral como tal o la prejubilación de personas que no formaban parte de las plantillas afectadas, entre otros aspectos.
«Señalando el periodo comprendido entre los años 2000 y 2009, el citado informe reprocha a los consejeros de Economía y Hacienda de esa etapa; la exministra Magdalena Álvarez, el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo, la no adopción de las «medidas necesarias» al respecto.