El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha pedido a la Fiscalía General del Estado que presente una denuncia ante la Audiencia Nacional para que se investiguen los hechos acontecidos antes, durante y después del rescate de los espeleólogos fallecidos en el Atlas, José Antonio Martínez y Gustavo Virués, para que se puedan determinar, en su caso, las responsabilidades penales derivadas de esta actuación, que califican de «imprudente y temeraria».
En una nota de prensa, el sindicato policial considera que debe imperar el principio de justicia establecido en la Constitución para que se puedan aclarar las conductas de las autoridades marroquíes y las españolas en la gestión del rescate, actuación en la que «no caben excusas de relaciones diplomáticas cuando están en riesgo la vida de los españoles», incide.
El SUP mantiene que le «sorprende» que el Gobierno actuara de forma tan «diligente» en el año 2002 cuando el Estado marroquí ocupó la isla de Perejil y ahora «haya permanecido impasible», con un avión dispuesto con médicos, «sin que el Ministro de Asuntos Exteriores hiciera debidamente su trabajo forzando la diplomacia lo necesario para exigir nuestra intervención en el rescate».
«No podemos entender que a una montaña deshabitada en medio del mar se le pueda dar más importancia que a ciudadanos españoles en riesgo de muerte», denuncia el secretario federal del sindicato en Andalucía, José Antonio Beato.
Así las cosas, el sindicato policial considera que el Gobierno español «no ha estado a la altura de las exigencias» y le pide que ahora, al menos, «exija las responsabilidades procedentes», tanto de quienes en España «gestionaron mal el problema como de los responsables del rescate del Estado marroquí «.
Y es que a su juicio, cometieron una «presunta negligencia en su intervención», lo que condujo al fallecimiento de José Antonio Martínez, por lo que ahora la Fiscalía debe impulsar ante la Audiencia el procedimiento judicial pertinente para «esclarecer todos los hechos», reclaman.