Trabajadores de los registros civiles se han manifestado este sábado en Madrid contra la privatización del Registro Civil, en protesta por la voluntad del Gobierno de transferir a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles sus funciones, y por el mantenimiento del Registro Civil como servicio público servido por la Administración de Justicia.
La número dos de Podemos en Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha asistido a la manifestación para mostrar su apoyo contra la privatización del Registro Civil, que hasta ahora ha sido «completamente público». «Ahora por hacer gestiones como inscribir a un hijo, solicitar un certificado de defunción para poder hacer una herencia u otras cosas que son derechos constitucionales, como el matrimonio, habrá que pagar una tasa fija de entre 300 y 500 euros», ha declarado Ruiz-Huerta.
Ruiz-Huerta ha criticado que estas acciones «son las que más ha llevado a cabo el PP, en el sentido de que, una vez agotado el modelo del ladrillo, a lo que se han dedicado es a desmantelar y vender los servicios públicos». «Nuestro compromiso desde Podemos es estar con la ciudadanía y con la defensa de los servicios públicos, entre ellos la justicia, que es un servicio público fundamental y esto es un paso más en la privatización de la justicia, al igual que lo fue la Ley de Tasas», ha añadido.
La número dos de Podemos en Madrid ha señalado que la privatización del Registro Civil «va a impedir el acceso al ejercicio de este tipo de derechos que son fundamentales para cualquier ciudadano», y ha insistido en que estos derechos «son obligatorios en muchas ocasiones, como solicitar la nacionalidad para los extranjeros», para lo que va a haber que pagar una tasa, hecho que «impide el ejercicio de acceso a la justicia y a la tutela judicial».
El portavoz de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Javier Jordán, ha resaltado que esta vez «han sido los funcionarios de justicia del Registro Civil quienes han querido decirle a Catalá que basta de privatizaciones». «Somos perfectamente capaces los funcionarios de justicia para llevar a cabo y para gestionar y mejorar el servicio público del Registro Civil», ha manifestado.
Además, Jordán ha declarado que «esto del servicio civil gratuito que promete Catalá no se lo cree nadie, ni los propios registradores». «Hay un gran número de registradores que están en contra del modelo que les quieren imponer y para el ciudadano a corto plazo significa que va a tener que pagar por este servicio», ha aclarado.
El portavoz de CSIF ha afirmado que «se va a pagar a unas personas que, si bien formalmente son funcionarios públicos, en su forma de trabajar son empresarios», ya que «contratan a personal, tributan por IVA, y cobran por el servicio que prestan», ha recalcado.
Asimismo, ha criticado que Gallardón y Catalá digan que los datos van a estar más protegidos, cuando Jordán no lo considera «cierto». «Eso supone un desprecio a 144 años en los que los datos los hemos gestionado los funcionarios de justicia», ha aclarado.
Por otro lado, la gestora procesal y administrativa del Registro Civil de Málaga, Mª Del Mar García Villalba, ha afirmado que «detrás de esta privatización hay razones económicas y políticas». «El motivo de privatizar el registro es sacar dinero con esa plataforma», ha declarado. García Villalba ha recalcado que «la excusa para privatizar es una plataforma que se ha creado previamente y que no ha salido a concurso público».
García Villalba ha declarado que «nuestros datos personales, que son los más importantes desde que empieza hasta que acaba la vida de una persona» no tiene sentido que estén en manos de personas privadas. «El mayor negocio, a parte de la plataforma, son nuestros datos personales», ha añadido.
En esta línea, CC.OO. ha presentado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para llevar al Parlamento una proposición de ley que rechaza esta modificación, cuya entrada en vigor está prevista para el 15 de julio. En dos semanas se han recogido miles de firmas entre la ciudadanía, según el sindicato.
Catalá defiende la gestión por los registradores de la propiedad
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha insistido hoy en que el Registro Civil no se va a privatizar y ha garantizado que este servicio seguirá siendo «gratuito, público y cercano al ciudadano» gracias a la progresiva implantación de medios telemáticos con el apoyo de más de 1.100 oficinas del Registro en toda España.
El ministro ha garantizado que este servicio seguirá siendo prestado por «funcionarios públicos». En este sentido, Rafael Catalá ha expresado su voluntad de acometer la reforma con los funcionarios, con los sindicatos y con las Comunidades Autónomas, para lo que se van a crear grupos de trabajo y mesas de negociación que permitirán coordinar este proceso de cambio hacia el nuevo Registro Único, ha comunicado el Ministerio de Justicia.
El Ministerio de Justicia defiende que cumple de este modo un mandato del Parlamento que, a través de la Ley 20/2011, que contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, estableció un Registro Civil desjudicializado con el objetivo de modernizar un servicio público esencial para el ciudadano. El propio ministro de Justicia ha explicado que se busca así un modelo más eficiente frente al actual que presenta deficiencias o demoras hacia los ciudadanos.
Catalá ha señalado que los servicios prestados por el Registro Civil van a seguir siendo gratuitos para los ciudadanos en los mismos términos que en la actualidad.
El Ministerio y las Comunidades Autónomas se comprometen a mantener íntegramente el empleo público existente en los registros civiles, por ello el ministro ha recalcado que los trabajadores que se dedican a esta labor pasarán a reforzar la Administración de Justicia en los distintos juzgados y tribunales.
Por último, el ministro ha informado que el Registro Civil será electrónico, es decir, los trámites podrán realizarse de manera «telemática» cualquier día y a cualquier hora. Hecho que, según Catalá, favorecerá a la tramitación electrónica de muchas gestiones cotidianas, como la inscripción desde los centros sanitarios de los nacimientos y defunciones o la conexión entre administraciones.