La Fiscalia Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que archive de forma provisional la investigación abierta contra el ex jefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno por haber cargado cerca de 223.900 euros a su 'tarjeta black', al creer que no tuvo responsabilidad en la concesión de las visas y recibió la suya como un complemento retributivo, según informaron fuentes jurídicas.
El fiscal Alejandro Luzón considera que los directivos, a diferencia del resto de imputados, recibieron estas tarjetas como un complemento retributivo como refleja el hecho de que tuvieran otra tarjeta de empresa para gastos de representación que justificaban debidamente, según explicaron las mismas fuentes.
De este modo, la Fiscalía apoya la petición planteada por la defensa de Spottorno y utiliza el mismo argumento, que ya emitió al solicitar el sobreseimiento provisional de la causa seguida contra tres ex directivos de la confianza del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. En concreto, el exresponsable de créditos a empresas Carlos Vela (246.000 euros cargados a su visa 'black'), el exdirector de Operaciones y Sistemas Ricardo Morado (443.000) y el ex director de comunicación Juan Astorqui (287.000).
El Ministerio Público distingue su caso del de los miembros del Consejo de Administración, que pudieron incurrir en un delito de administración desleal, y el de los integrantes de la Comisión de Control, que pudieron cometer apropiación indebida. Además, añade que las limitaciones retributivas impuestas en la Ley de Cajas de Ahorro para los consejeros no pueden aplicarse a los directivos ya que no tendrían «ninguna responsabilidad, más allá de la fiscal», por la percepción de esta remuneración.
Spottorno: «No ejercía funciones de administración ni control»
En un escrito la defensa de Spottorno solicitó el archivo total de las actuaciones porque en su condición de director de la Fundación Caja Madrid y miembro del Comité de Dirección de la entidad «no era administrador» de la caja ni «ejercía funciones de administración o control» de la misma. A su juicio, las declaraciones de los directivos y la diligencias de la investigación han puesto de relieve que Caja Madrid les entregó una tarjeta como parte de su retribución, de la que podían disponer «libremente», sin obligación de justificar sus gastos y con un único límite de carácter «cuantitativo», al no poder superar una cantidad máxima de gasto anual.
Spottorno, que hizo gastos en spas urbanos y compras en Ikea, farmacias, tiendas de electrodomésticos, joyerías y sastrerías de lujo, calificó de «absolutamente evidente» que no se cumple ninguno de los presupuestos para poderle imputar un delito de apropiación indebida al no haber dado un uso distinto para el que le fue entregada y añade que no tenía obligación de devolver dichas cantidades, que le fueron dadas en concepto de retribución.
«Por otro lado, no se ha causado perjuicio alguno a la entidad bancaria, lo que excluye ya de por sí la imputación del delito de apropiación indebida», prosiguieron sus abogados, destacado que fueron los «máximos representantes» de Caja Madrid quienes entregaron esta tarjeta de crédito a su cliente a fin de que «dispusiera de ella libremente y con la única limitación de una cuantía máxima anual que, en ningún caso, llegó a superarse».
La defensa de Spottorno también desecha su responsabilidad penal por un posible delito de administración desleal y tilda como una cuestión «ajena» a su patrocinado el hecho de que los gastos de las tarjetas no fueran reflejados en la contabilidad de la entidad o que esta incurriera en una «defectuosa tributación».
Spottorno declaró el pasado 13 de marzo en calidad de imputado ante Andreu y en su declaración, a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press, dijo: «Me entregaban una tarjeta de libre disposición para atención de gastos personales, con un límite de gasto que fijó en 22.000 euros anuales, yo no recibiría información ni extractos de la tarjeta, porque su titular era Caja Madrid, que se ocuparía de todo lo concerniente a esa tarjeta».