El expresidente de Andalucía y diputado nacional Manuel Chaves ha utilizado su presencia este martes en el Tribunal Supremo, donde ha declarado en calidad de imputado en la causa de los ERE fraudulentos, para responder a las manifestaciones realizadas el pasado jueves por su sucesor José Antonio Griñán al manifestar que «si el fraude fue pequeño o fue grande eso lo tendrán que determinar los tribunales de justicia».
Chaves ha realizado estas manifestaciones al término de su declaración ante las decenas de periodistas que se agolpaban a las puertas del alto tribunal, toda vez que Griñán, tras su declaración mantuvo que «no hubo un gran plan pero sí un gran fraude».
Chaves se ha expresado de este modo ante los periodistas, en una comparecencia en la que no ha aceptado preguntas, tras recalcar que durante su etapa al frente de la Presidencia de la Junta el Consejo de Gobierno «nunca jamás» adoptó «ninguna decisión ilegal» y ha señalado que las ayudas sociolaborales fueron «positivas» para los trabajadores y la lucha contra el paro.
Ha añadido que, al hilo de la existencia o no de un fraude en el caso, si hubo alguna persona que «utilizó fraudulentamente los fondos», serán los jueces, la Justicia la que determine si «las actuaciones individuales de esas personas causaron o provocaron fraude o no».
«Durante tiempo en el que yo he sido presidente de la Junta, los 19 años, nunca jamás se ha adoptado ninguna decisión ilegal, nunca, ni se ha conocido ni se ha mantenido ni se ha impulsado ninguna ilegalidad», ha defendido el expresidente en una breve comparecencia ante los periodistas tras declarar durante dos horas y media ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro.
«Lo que he hecho siempre a través de mi trayectoria política como presidente de la Junta de Andalucía, como ministro y como vicepresidente del Gobierno, cualquier decisión política o normativa que he tomado, la he tomado siempre basada en la legalidad y con todos los trámites e informes necesarios», ha ahondado.
El actual diputado nacional ha comparecido en calidad de imputado, al igual que el resto de aforados nacionales, en relación con los «actos realizados en el desempeño de sus funciones con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas».
Chaves ha defendido que las ayudas estaban basadas en los acuerdos de concertación firmados con los sindicatos y las organizaciones empresariales y ha insistido en que «tuvieron efecto positivo en lucha contra paro y desempleo».
Al expresidente andaluz, que ha comparecido a petición propia antes de que se tramité o no contra él suplicatorio a las Cortes, se le citó en relación a actos realizados como presidente de la Junta andaluza y previsiblemente ha dado explicaciones sobre el contenido del informe de peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) que cuestiona el sistema elegido para la otorgarlas ayudas socio-laborales cuestionadas a través del instrumento presupuestario denominado «transferencias de financiación».
En su informe pericial, los peritos consideran «inadecuada e improcedente» la fórmula de las transferencias de financiación y la ausencia de procedimiento legal para la concesión y entrega de las ayudas investigadas.
En su exposición razonada, aceptada por el Supremo, la juez de Sevilla que investiga la matriz de esta causa acusa indiciariamente a los aforados de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y sobre estas acusaciones pivota la instrucción en el alto tribunal.
El citado informe reprocha a los consejeros de Economía y Hacienda de esa etapa; la exministra Magdalena Álvarez, el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo, la no adopción de las «medidas necesarias» al respecto.
El primer aforado en declarar en el Supremo fue el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, quien declaró que, con el sistema de concesión de ayudas sociolaborales que se implantó en Andalucía, él pretendía «instaurar un sistema ágil dentro de la legalidad para poderlo aplicar a las necesidades urgentes».
En el curso de su declaración, Viera rechazó conocer los programas presupuestarios concretos que se investigan en la causa por los ERE presuntamente fraudulentos en Andalucía «porque su cargo era político y no entraba en el detalle de la denominación de las partidas» o en la sistemática económico-contable empleada. Se presentó como un maestro sin conocimientos jurídicos concretos al respecto.
Por su parte, el también expresidente andaluz José Antonio Griñan reconoció el pasado jueves ante el instructor que lo sucedido con el asunto de los ERE es «una barbaridad» y que todas las ayudas concedidas de forma «aleatoria y sin control» merecen una responsabilidad política e incluso penal pero ha añadido que, sobre este asunto, la actuación de su Consejería fue «irreprochable».
Griñán la labor de la Consejería que dirigió entre 2004 y 2009 subrayando que se han personado como acusación y han solicitado imputaciones, incluso de militantes del Partido Socialista, han denunciado las situaciones en la Sierra Norte y han hecho las modificaciones legislativas necesarias, todo ello cuando han tenido conocimiento de que las cosas no se habían hecho correctamente.
«No ha habido un gran plan, pero sí un gran fraude», manifestó ante los periodistas que le esperaban a las puertas del Supremo.