El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Luis Ignacio Ortega, de 62 años, ha fallecido poco antes del mediodía de este miércoles tras sufrir un infarto en un descanso del Pleno que se estaba celebrando.
Ortega fue atendido en la propia sede del Tribunal por los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid (SUMA) tras sufrir una parada cardiorrespiratoria y ha fallecido de muerte súbita, han confirmado fuentes de los servicios de emergencia.
El magistrado, perteneciente al sector progresista del órgano de garantías, fue designado a propuesta del PSOE por el Senado y tomó posesión de su cargo a principios de 2011. Ortega llegó al Tribunal Constitucional tras dejar la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Había sido director general del Departamento de Asuntos Institucionales Presidencia del Gobierno en 1983, durante el primer gobierno de Felipe González.
Ortega ha venido votando con la minoría progresista del Tribunal Constitucional en asuntos de gran trascendencia pública como el que acordó mantener en prisión al portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi por el intento de reconstrucción de la formación ilegalizada a través del proyecto Bateragune.
Su voto fue contrario al de la mayoría conservadora en otros asuntos como el que avaló el recurso presentado por el Parlamento de Navarra contra tres puntos de la reforma laboral, entre ellos el contrato de apoyo a emprendedores; o la previsión de la Ley de Seguridad Social de 1994, según la cual es necesario haber contraído matrimonio para poder acceder a la pensión de viudedad en caso de fallecimiento del cónyuge.
El último magistrado del TC que falleció durante su periodo de mandato, aunque en esta ocasión fue fuera de la sede del órgano y tras una larga enfermedad, fue Francisco José Hernando, en noviembre del 2013.
Hernando y Ortega fueron designados por el Senado en diciembre de 2010, junto a Francisco Pérez de los Cobos, actual presidente, y Adela Asúa. Su nombramiento llegó con tres años de retraso debido al enfrentamiento enfrentamiento existente entre el PP y PSOE que hizo imposible el acuerdo en cumplimiento de los plazos constitucionales.