La Agencia Tributaria lleva más de un año investigando a Rodrigo Rato, el que fuera vicepresidente económico en los gobiernos de José María Aznar, director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y presidente de Bankia.
Fuentes jurídicas señalaron que la investigación se inició hace más de un año. El propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho este viernes que el caso no está vinculado a la amnistía fiscal, sino a la declaración de bienes y derechos en el extranjero aprobada en 2013.
La obligación de declarar cuentas y bienes en el extranjero contempla sanciones de hasta el 150% del valor del bien no declarado y no supone ningún pago adicional de impuestos, sino que se trata de una mera declaración informativa, con el fin de estrechar el cerco sobre los contribuyentes que tienen bienes en el extranjero sin declarar.
De esta forma, si la Agencia Tributaria descubre que un contribuyente no ha informado de una cuenta en el extranjero, imputará ese bien como ganancia patrimonial en el IRPF y, además, aunque esta cuenta se hubiera abierto en un ejercicio fiscal ya prescrito, no se considerará como tal y se girará la declaración y la sanción correspondiente al último periodo impositivo que no haya prescrito.
De acuerdo con esta obligación fiscal quienes posean cualquier tipo de bien o derecho situado fuera de España deberán presentar, por medios telemáticos, el modelo 720 de 'Declaración informativa sobre bienes y derechos en el extranjero', con la limitación de que el valor del bien en concreto supere los 50.000 euros.
Así, deberán ser declarados todas las cuentas situadas en entidades financieras, como todo tipo de bienes inmuebles y derechos sobre inmuebles, así como valores, derechos, seguros y rentas depositadas, gestionadas u obtenidas en el extranjero.
La denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid contra Rato se encuentra en espera de reparto en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid y recaerá en los próximos días en uno de sus juzgados de primera instancia.
El juzgado de Instrucción de guardia esta semana en Madrid, que es el número 35, fue el encargado este jueves de tramitar la solicitud de «inmediata entrada y registro» en casa de Rodrigo Rato. Sin embargo, la denuncia tiene ahora que ser asignada a otro juzgado, que será el que el encargado de investigar los delitos de los que le acusa la Fiscalía o inhibirse en la Audiencia Nacional si lo considera necesario.
En su denuncia, la Fiscalía insta a investigar a Rato y otras personas cuya identidad aún no ha trascendido por supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. El juzgado decretó el secreto de las actuaciones.