Objetivo: salvar los muebles como sea. En plena precampaña, a menos de 40 días de las elecciones municipales y autonómicas -comicios especialmente decisivos para el Partido Popular-, explota un nuevo caso de corrupción que podría hacer tambalear los cimientos de La Moncloa y Génova, 13. El exvicepresidente del Gobierno entre 1996 y 2004, exdirector gerente del FMI y el bautizado en el PP como el «milagro económico español» ha sido investigado por el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) a raíz de los datos cruzados tras acogerse a la amnistía fiscal de 2012. La situación no podía ser más complicada: la Policía ya ha registrado su casa y su despacho ubicado en el barrio Salamanca y en las próximas horas podría ser detenido por blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. ¿Solución? dar la vuelta a la tortilla y colocarse como abanderados de la lucha anticorrupción. Y esta es precisamente la estrategia que ha empezado a desplegar el Gobierno de Mariano Rajoy.
El primero en hacerlo fue este jueves el ministro de Justicia, Rafael Catalá: «Es la constatación de que el sistema funciona, los jueces y fiscales investigan y el funcionamiento del sistema de derecho y de las instituciones y la garantía de que la ley es igual para todos». A continuación le siguió el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón: «Este Gobierno trabaja por el interés general independientemente de la situación personal, del color político, de los nombres y apellidos de las personas sobre las que se está investigando». Y este viernes ha sido el turno del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al que en ningún momento se le ha pasado por la cabeza dimitir, pese a ver sido el reclamo que esta semana toda la oposición al completo exigió al presidente Rajoy en el Congreso de los Diputados. Todo lo contrario. Montoro está convencido de que gracias al trabajo que el Gobierno está realizando salen a la luz este tipo de noticias.
Así pues, el ministro de Hacienda se ha preocupado muy especialmente de aclarar este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la investigación a Rato no está vinculada a la amnistía fiscal, sino a la inspección que «desde hace tiempo» desarrolla la Agencia Tributaria sobre la declaración de bienes y derechos en el extranjero. «Este cambio normativo (que entró en vigor en 2013) ha permitido aflorar mucho patrimonio que hasta ahora no se conocía y que estaba residenciado en el exterior», ha insistido. Una vez finalizada la comparecencia, y ya en conversación informal con los periodistas, Montoro ha insistido en este argumento. «El Gobierno ha conseguido aflorar 88.000 millones de euros, aunque este dato me cuesta que aparezca los medios», ha ironizado, no sin antes insistir en que ello ha sido posible gracias a «la sucesión y eficacia» de las normas que ha puesto en marcha el Gobierno para mejorar la lucha contra el fraude.
De acuerdo con la nueva obligación fiscal quienes posean cualquier tipo de bien o derecho situado fuera de España deberán presentar, por medios telemáticos, el modelo 720 de 'Declaración informativa sobre bienes y derechos en el extranjero', con la limitación de que el valor del bien en concreto supere los 50.000 euros. Así, deberán ser declarados todas las cuentas situadas en entidades financieras, como todo tipo de bienes inmuebles y derechos sobre inmuebles, así como valores, derechos, seguros y rentas depositadas, gestionadas u obtenidas en el extranjero.
El ministro ha sido preguntado por los sentimientos que este nuevo caso le producía, habida cuenta de su historia política en común, pero se ha negado a dar su opinión personal al respecto. Montoro se ha limitado a dejar claro que la ley «es igual para todos» y que la Agencia Tributaria actúa «con independencia y firmeza». «Da igual la pertenencia a un partido o no», ha señalado, tras asegurar que todas las personas deben ser iguales ante la ley y que ese debe ser un principio que debe preservar y hacer cumplir cualquier Gobierno. Incluso ha resaltado los «extraordinarios avances» en la lucha contra el fraude fiscal en estos último años. «Si hay una persona que no ha declarado correctamente tiene poco tiempo para hacerlo», ha indicado, tras asegurar que «la eficacia y la exigencia de lo procedimientos» es cada vez más manifiesta.
Sobre los 705 contribuyentes investigados por el Sepblac, que al igual que Rato se supone que ocupan o han ocupado cargos públicos, Montoro ha asegurado que la actual ley «prohíbe» hacer pública la lista e incluso que él mismo desconoce quiénes la componen. Montoro ha insistido en que «no tiene potestad para hacerlo» y ha remarcado que «esto no ocurre en ningún país del mundo». «Le pido a la oposición que sitúe los debates donde debe», ha rematado. Y también ha aprovechado para zanjar teorías conspiratorias sobre el procedimiento seguido con Rato. «Todo ha sido ordinario», ha asegurado el ministro de Hacienda, incluido que los funcionarios de Vigilancia Aduanera actúen como policía judicial.
El Gobierno se desvincula de Rato: «es un asunto particular»
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha acudido a la rueda de prensa de este viernes flanqueada por el ministro protagonista de esta semana. Y aunque muchas noticias han ido dirigidas a él, la portavoz gubernamental no se ha librado de todos los dardos. A ella le ha tocado aclarar que la Agencia Tributaria investiga a Rato «como consecuencia de sus actividades privadas» y no por hechos relacionados con un cargo público que ya no tiene. «Estamos ante un asunto particular», ha insistido Santamaría, al tiempo que ha dicho que el Gobierno «no interfiere» sino que lo que hace es «aplicar estrictamente la ley». Ante la exigencia de explicaciones al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que demanda la oposición, la vicepresidenta ha indicado que el martes comparecerá en el Congreso el director de la AEAT, Santiago Menéndez.