El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha abandonado, desde su llegada al cargo el pasado mes de septiembre, la gran mayoría de los proyectos estrella que anunció a bombo y platillo su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón. La última iniciativa enterrada ha sido la puesta en marcha del nuevo Registro Civil, de cuya gestión debían ocuparse los registradores civiles y de la propiedad a partir del 15 de julio.
Catalá ha modificado de forma radical reformas tan polémicas como el Código Penal, la Ley del Aborto o la Ley de Tasas que el resultado poco o nada tiene que ver con el pretendido por el que fuera alcalde de Madrid.
La retirada de la Ley del Aborto, anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por falta de consenso, provocó la dimisión del exministro y dio paso a una profunda revisión de todas las leyes que impulsó.
Del proyecto de Gallardón, que elegía un modelo de supuestos en los que el aborto se penalizaba de forma más restrictiva que el vigente desde los 80, sólo ha quedado la iniciada impulsada por el PP en el Congreso de los Diputados, que toca parcialmente la norma para imponer el consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 que quieran interrumpir un embarazo.
En cuanto a la Ley de Tasas –un medio, según el extitular de Justicia, de financiar la Justicia Gratuita– el Gobierno decidió eliminar su pago para las personas físicas por la vía del decreto ley, tras un anuncio realizado por Rajoy en el Debate sobre el Estado de la Nación.
Todas las demás normas impulsadas por Gallardón han cambiado completamente su contenido. La revisión de sus iniciativas ha salvado la prisión permanente revisable incluída en el Código Penal, de reciente aprobación en el Congreso. No obstante, el texto definitivo dejó en el camino del trámite parlamentario otras cuestiones como las denominadas medidas de seguridad, que debían ser aplicadas a presos de especial peligrosidad, y que consistían en internamiento en centros psiquiátricos, de deshabituación o de educación especial para ser cumplidos después de la sanción penal.
Reforma del Poder Judicial
Tampoco ha sobrevivido la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que supuso la modificación del sistema de elección de los magistrados y la reducción de miembros con dedicación exclusiva y sueldo. El Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado a propuesta de Catalá, incluye un incremento de cinco a siete del número de miembros permanentes del órgano.
La propia Ley Orgánica del Poder Judicial también ha cambiado. Renuncia al cambio radical de la Justicia que defendía Gallardón que proponía, por ejemplo, que las causas especialmente complejas pudiera ser instruidas por tres jueces y eliminaba los partidos judiciales. La norma de Catalá los mantiene para no renunciar a la proximidad con el ciudadano.
Sin noticias sobre la reducción de aforados
Nada se ha vuelto a saber, tampoco, del anuncio realizado por Gallardón de recortar drásticamente el número de aforados para pasar de 17.621 a 22 en España.
En cuanto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Gallardón preveía impulsar la instrucción por parte de los fiscales. El proyecto finalmente aprobado no la incluye y se limita a introducir cambios como los límites a la duración de la instrucción penal o el cambio del término «imputado» o «investigado».
La Ley de Jurisdicción Voluntaria ha perdido también otra de las propuestas del exministro, que concedió a los notarios la posibilidad de celebrar matrimonios y divorcios de mutuo acuerdo. Estos profesionales podrán seguir haciéndolo, pero compartirán el cometido con los secretarios judiciales.