Después del 'caso Rato', a finales de esta semana explotaba un nuevo escándalo relacionado con el Partido Popular. El embajador de España en Londres, Federico Trillo, y el diputado y portavoz de Economía del PP en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, cobraron más de 400.000 euros por asesorar al consejero delegado de la constructora Corporación Llorente, Mario Armero, en su etapa de parlamentarios. Y el Gobierno ha entrado de lleno en el debate sobre las compatibilidades de los diputados respecto a las actividades que pueden compaginar con su labor pública.
Según el artículo 157 de la ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), el mandato de los diputados y senadores se ejercerá en régimen de dedicación absoluta. Es más, según dicha normativa, ese mandato resulta incompatible con el desempeño de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma. Aunque existe una excepción: «La producción y creación literaria, artística, científica o técnica, así como otras actividades para las que tendrán que contar con una autorización expresa de las respectivas cámaras». Según Pujalte, que habría cobrado 75.000 euros por estas asesorías, él no cometió ninguna ilegalidad, puesto que contaba con la autorización del Congreso. Ahora bien, si eso es ético o no, ni él mismo se atrevió a contestar.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, nunca ha pecado de meterse en charcos ajenos. Pero este viernes casi lo ha rozado. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros se le ha preguntado por esta cuestión; y ha estado muy lejos de criticar estas prácticas. Más bien todo lo contrario. El Partido Popular se ha mostrado partidario de flexibilizar ese régimen para no «castigar» a los diputados que quieren ejercer una actividad profesional al margen del Congreso. Y el Santamaría ha dado un paso más allá. Ha iniciado sus explicaciones con prudencia, dejando claro que el poder Ejecutivo no puede regular el Legislativo, y dejando claro que se trata de una discusión que debe de producirse en el Parlamento Nacional. Pero su explicación no ha quedado aquí.
La vicepresidenta del Gobierno ha abogado por una reflexión amplia sobre la participación en política que vaya más allá de las llamadas incompatibilidades de los diputados. En concreto, para que la entrada en la vida pública «no se lleve por delante» la carrera profesional de quienes ocupan un escaño. Santamaría, que no ha mencionado a sus compañeros de partido, ha subrayado que la cuestión es a su juicio cómo lograr que personas con prestigio y experiencia profesional entren en política, «no limitar con determinadas medidas» ese interés, cómo organizar la «reincorporación al sector del que procedían». «El debate hay que hacerlo conjuntamente, porque lo que todos queremos es responsables públicos, actores políticos, con la mayor experiencia posible. Tenemos que ordenar bien que quien entra en política para gestionar, no se lleve por delante su propia capacidad profesional, su carrera profesional, incluso su prestigio en el sector al que pertenece», ha zanjado.
La vicepresidenta ha aclarado que con esta reflexión no se estaba refiriendo al sueldo de los diputados. A la eterna discusión sobre si los sueldos establecidos alejan a algunas personas de la política. Según Santamaría, «algunas personas entendemos que la vida política tiene que estar limitada en el tiempo», y por esa razón «aportar a lo público no debe de ir en detrimento de quien decide dar ese paso». La vicepresidenta ha dado a entender que el «prestigio profesional» debe anteponerse al régimen de incompatibilidades de los diputados. Claro que asociar esta explicación a los casos concretos de Pujalte y Trillo resulta un tanto controvertido. El primero lleva en el Congreso de los Diputados desde 1996, y el segundo lleva en política desde 1989. Ninguno de estos casos se corresponde con el de esas «personas» que entienden la «vida política» para un «tiempo limitado».