El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado este viernes que la encomienda a los registradores de propiedad y mercantiles de la gestión del Registro Civil queda de momento aplazada. Debía ponerse en marcha el próximo 15 de julio.
Así lo ha señalado este viernes el propio Catalá en unas declaraciones a las puertas del Tribunal Supremo, donde había acudido a un acto.
La decisión del departamento dirigido por Rafael Catalá de encomendar a este colectivo este servicio ha levantado duras críticas en los últimos meses. Los partidos de la oposición, funcionarios de la administración de Justicia, sindicatos u otros colectivos como los secretarios judiciales, han expresado su oposición a lo que consideran una «privatización» encubierta.
El Ministerio intenta alcanzar un «consenso» que satisfaga a estos sectores críticos y se ha mostrado dispuesto a estudiar cualquier propuesta que se le haga en este sentido, han informado a Europa Press fuentes ministeriales.
Más de 100.000 firmas en contra
Precisamente este mismo viernes la presentación de la Iniciativa legislativa Popular (ILP) contra la encomienda a los registradores de la propiedad y mercantiles de la gestión del Registro Civil, iniciativa de CC.OO, había obtenido ya más de 100.000 apoyos en un solo mes, según ha anunciado el sindicato este viernes
Un mes después del inicio de la recogida de firmas, con la presentación en rueda de prensa que Comisiones Obreras hizo el pasado mes de marzo, para el sindicato es «espectacular la acogida que ha tenido por parte de los trabajadores y trabajadoras, la ciudadanía, y un sinfín de diferentes asociaciones de todos los ámbitos, que se han volcado en la recogida de miles de firmas para evitar una privatización más del Gobierno, como sería la del Registro Civil», señala la central en un comunicado.
Para CCOO, este «vuelco» de la ciudadanía en el apoyo a la ILP contra la privatización del Registro Civil y que éste siga siendo un servicio público cercano a la ciudadanía, gratuito y servido por funcionarios de la Administración de Justicia, «es una nueva demostración del rechazo de la ciudadanía a la política de privatizaciones que el Gobierno del Partido Popular ha llevado desde su entrada en el Gobierno».