Confirmado. A la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se le atraganta la amnistía fiscal. El miércoles pasado se convirtió en la protagonista indiscutible de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Superada por el escándalo Rato, la oposición le pilló con la guardia baja y se refirió por primera vez al decreto-ley de la regularización de activos ocultos que aprobó el Gobierno en junio de 2012 como «amnistía fiscal». Hasta esta semana, el argumentario oficial del PP y del Gobierno prohibía a cualquier miembro utilizar este concepto. De hecho, dos días antes, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, volvía a negar en una entrevista concedida a TVE que en 2012 hubiera habido una amnistía fiscal. E insistía en un error, intencionado o no, que la vicepresidenta ha vuelto a repetir este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
No hay amnistía fiscal. Se aprobó una regularización fiscal para aflorar bienes ocultos, con un gravamen del 10% @mdcospedal #DesayunosTVE
— Partido Popular (@PPopular) abril 20, 2015
Tanto Cospedal como Santamaría siguen insistiendo en que «la regularización fiscal» que el Gobierno aprobó en 2012 no es una amnistía fiscal, puesto que iba aparejada de un «gravamen» del 10%. Pero lo cierto es que ese dato no se ajusta a la realidad. Ambas se 'olvidan' de que en enero de 2013, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoció públicamente que pese a que Hacienda anunció inicialmente que los defraudadores pagarían un 10% de todo lo aflorado, finalmente lo que se había pagado era un 3%. En total, y según confirmó Montoro, en los primeros seis meses el Estado recaudó 1.193 millones sobre un capital aflorado de 40.000. Eso sí, la mitad de lo que inicialmente el Ejecutivo 'vendió' para defenderla.
Hoy la amnistía fiscal vuelve a ser noticia gracias a Rodrigo Rato. El pasado 16 de abril la fiscalía anunció una investigación al exvicepresidente del Gobierno por supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. ¿El origen? haberse acogido a la amnistía fiscal del 2012. Por este motivo, el ministro de Hacienda y la vicepresidenta fueron acorralados esta semana en el Congreso. «El Gobierno ha hecho una amnistía fiscal aplicando la ley», llegó a decir Santamaría este miércoles en el Parlamento Nacional. Era la primera vez que un miembro del Gobierno mencionaba expresamente estas palabras malditas. Y la estrategia del PP de negar esta realidad saltó por lo aires. El malestar en Génova por este «desliz» es evidente, pero este viernes Santamaría ha tratado de defenderse. «Hablo para que la gente me entienda», ha explicado, no sin antes poner en relieve lo difícil que es conseguir este objetivo con los 2 minutos y medio que tuvo el pasado miércoles en el Congreso para hacerlo.
Dicho esto (esta vez sin mencionar la amnistía fiscal), la vicepresidenta ha vuelto al argumentario oficial. Según Sáenz de Santamaría, lo que aprobó en 2012 el Gobierno del PP fue una «declaración tributaria especial», que «es un proceso de regularización» fiscal con el objetivo de ensanchar las bases tributarias y aumentar la recaudación, pero sin «limpiar» el origen ilícito o delictivo de esas cantidades «ocultas» que se declaraban. «Llamémosle como le llamemos, en este caso a diferencia de otros procesos que se han hecho en España ni se perdonaba delitos ni se condonaba la deuda tributaria pendiente«, ha enfatizado, para añadir que la regularización de 2012 se hizo de acuerdo con las «recomendaciones» de la OCDE. En mitad de esta explicación, Santamaría ha vuelto a insistir en que a diferencia de las amnistías que hizo el PSOE en 1984 y 1991, en esta ocasión los defraudadores tuvieron que pagar el 10%, aunque lo cierto es que fue el 3%, una cifra significativamente inferior.
La detención de Rato: un tabú
Menos explícita se ha mostrado, sin embargo, cuando ha llegado el turno de hablar de la detención de Rato. La pregunta ha sido clara. ¿Sabía el presidente del Gobierno con antelación que Rato iba a ser detenido? La respuesta no tanto: «El Gobierno ni autoriza ni desautoriza ninguna actuación de la Agencia Tributaria, la Fiscalía y los tribunales. Hasta ahí podíamos llegar. La ley se aplica para todos y los gobiernos están para cumplir la ley y hacer que se cumpla, no para tomar decisiones que son injerencias».
Tal y como ha reconocido el Gobierno, hay 715 personas relacionadas con la actividad pública que se acogieron a la amnistía fiscal en 2012 y que actualmente están siendo investigadas por Hacienda. Sin embargo, sólo conocemos el nombre de uno: Rodrigo Rato. Existen rumores sobre la posibilidad de que esta filtración haya sido obra del Ejecutivo, pero Sáenz de Santamaría se ha defendido: el Gobierno «ni interfiere ni interviene en estos procedimientos». La vicepresidenta ha señalado directamente a la Agencia Tributaria. Según Santamaría, no siempre quienes tienen la información guardan el «sigilo» debido. «Asistimos a filtraciones de este tipo de forma habitual, ustedes son receptores», ha espetado, no sin antes aclarar que quienes conocen datos confidenciales «saben que están sujetos al deber» de guardarlos.