La juez de Instrucción número 42 de Madrid, Mónica Aguirre, ha abierto diligencias previas para investigar los hechos contenidos en una querella presentada por Podemos contra la candidata del PP a la Alcaldía de Madrid y presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, por vincular presuntamente el partido a la banda terrorista ETA.
Así consta en un auto fechado el pasado 17 de abril, en la que la magistrada acuerda admitir a trámite la querella interpuesta por la formación liderada por Pablo Iglesias por un delito de calumnias.
El auto, de 2 páginas, es recurrible mediante recurso de reforma ante la propia juez y de apelación, ante la Audiencia de Madrid, en el plazo de tres y cinco desde su notificación.
La resolución señala que «pudiendo ser los hechos constitutivos de un delito de calumnias y reuniendo la querella los requisitos que establece el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede su admisión a trámite.
Además, abre diligencias previas, dando traslado a la Fiscalía para que se pronuncie al respecto. La abogada de Podemos ha señalado que espera que la magistrada llame a declarar a la candidata del PP a la Alcaldía de Madrid.
La querella se presentó contra la dirigente popular por delitos de injurias y calumnias. El documento denunciaba que Aguirre relacionaba a la formación con ETA después de que publicara en un blog un artículo titulado 'Lo que hay que saber de Podemos' en el que afirmaba que 'Podemos está con ETA' y que el venezolano 'ha pagado a Podemos 3,7 millones de euros'.
«Aguirre tiene problemas con la democracia»
El secretario de relaciones con la Sociedad Civil y movimientos sociales de Podemos, Rafael Mayoral, ha asegurado que Aguirre tiene «problemas con la democracia» y con el «pluralismo político».
Así lo ha manifestado en una breve rueda de prensa celebrada en la sede de Podemos para valorar la decisión de la juez de admitir a trámite la querella interpuesta por la formación liderada por Pablo Iglesias. Para Mayoral, Aguirre debe entender que «no se encuentra por encima de la ley y fundamentalmente que las injurias y calumnias deben estar fuera de la vida democrática». «Debe respetar a las personas que pensamos diferente», ha apostillado.
El secretario de relaciones con la sociedad civil ha señalado que ahora habrá que ver los pasos de la magistrada, esperando que les dé finalmente razón en el procedimiento judicial. Además, ha dicho que «obviamente» Aguirre «deberá declarar como imputada, puesto que está imputada por un delito de injurias y calumnias«. «Tendrá que declarar porque ha cometido un delito y por eso se ha puesto en conocimiento de la autoridad judicial», ha agregado.
«Creemos que existen sobrados motivos para que esta persona no continúe en la vida política no solo por esta querella, sino por una carrera política trufada de casos de corrupción en su entorno más inmediato. Eso es más que suficiente para que se replanté continuar en esa actividad», ha subrayado.
Además, ha insistido aludiendo también al expresidente del Gobierno José María Aznar, con quien también tienen un pulso judicial, que «algunas personas tienen problemas con la democracia y con el pluralismo político». «Debe entender que las calumnias deben estar fuera de la vida democrática», ha apuntado.
Respecto a los hechos de la querella, Mayoral ha especificado que la aspirante del PP a ser alcaldesa de Madrid hizo una serie de declaraciones en las que se les relacionaba con «organizaciones terroristas y gobiernos extranjeros» en alusión a Venezuela.
De este modo, ha subrayado que entienden que esas imputaciones no tienen «ningún tipo de fundamento, ya que a su juicio solo persiguen «descalificar y evitar un debate público y sano en el marco de la democracia».
También se ha referido al asunto del incidente de tráfico de Aguirre, dado que mañana la Audiencia de Madrid decide si se mantiene el archivo de la causa o si se ordena al juez la reapertura de las diligencias.
Para Mayoral, ese tema debe hacer reflexionar a la ciudadanía de que «nadie está por encima de la Ley, ni tampoco «la condesa Aguirre». «Eso es lo más importante en un Estado de Derecho. Huir de los agentes no está muy acorde con la legalidad», ha dicho.