El que fuera Interventor General de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez, ha señalado este martes que la Intervención puso de manifiesto «irregularidades y deficiencias lo suficientemente graves como para que el gobierno hubiera tomado medidas» en el caso de las ayudas socio-laborales y que, sin embargo, el Gobierno andaluz hizo «oídos sordos» y miró «para otro lado» durante diez años.
«Oh, Dios, que buen vasallo si hubiese buen señor», ha resumido emulando a un juglar Gómez en declaraciones a los periodistas tras finalizar su declaración ante el juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro, que se ha producido en calidad de imputado sobre su responsabilidad en las advertencias que se hicieron en relación con los trámites de concesión de los ERE presuntamente fraudulentos en Andalucía y otras ayudas socio-laborales.
La comparecencia de Gómez Martínez se ha alargado durante tres horas y media y en ella solo ha respondido a las preguntas del juez instructor, los fiscales y el abogado de Manos Limpias, que ejerce la acusación popular.
Esta declaración se produce tras los interrogatorios a los cinco aforados nacionales, entre los que se encontraban los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que coincidieron en manifestar que no tenían conocimiento de los reparos y de las advertencias de ilegalidad efectuados por el exinterventor al sistema de concesión de las ayudas socio-laborales.
La petición para su interrogatorio fue realizada por los fiscales Fernando Prieto y Rafael Escobar y también fue solicitada por él mismo y por Manos Limpias. Gómez ya está imputado en la causa que tramita la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, por lo que ha comparecido ante el alto tribunal en la misma situación procesal, asistido de letrado y sin obligación de decir verdad.