El Partido Popular vuelve a sudar la gota gorda. Después del 'caso Rato' y del escándalo que supuso conocer que Federico Trillo y Vicente Martínez-Pujalte cobraron más de 400.000 euros por asesorar «verbalmente» a empresarios como diputados, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, vuelve a hacer tambalear los cimientos de la formación a menos de un mes de las elecciones municipales y autonómicas. No es compañero de filas; no milita en la formación conservadora, pero su condición de ministro del Gobierno del PP podría desencadenar una nueva crisis interna en la formación, donde a estas horas están escandalizados.
¿El motivo? Unas «desafortunadas» declaraciones que hizo Catalá este miércoles durante su intervención en una conferencia en el Círculo Ecuestre de Barcelona, donde aseguró que sería “un buen debate» considerar la posibilidad de trasladar la sanción al medio e imponer la obligación de la no publicación de la información”. «No estaría de más que pudiésemos debatir sobre esto, si de verdad creemos que es bueno no vulnerar el principio de presunción de inocencia», zanjó. Pocas horas después, y en vista del revuelo que sus palabras habían generado en los medios de comunicación, no le ha quedado más remedio que rectificarse a si mismo. «El Gobierno no tiene ninguna propuesta en torno a la sanción de medios de comunicación», ha asegurado este jueves en declaraciones a los periodistas antes de participar en un desayuno informativo.
Catala ha asegurado que cuando este miércoles habló de la responsabilidad en torno a las filtraciones de sumarios judiciales declarados secreto, estaba hablando de un debate que está teniendo lugar en el Parlamento Europeo, donde se está debatiendo una directiva «sobre presunción de inocencia». «Ese es el debate al que yo me refería, a la necesidad de garantizar la presunción de inocencia, el derecho a un proceso justo como hacen otros países y esa es la reflexión. No hice ninguna propuesta de sanción ni nada que se le parezca», ha dicho. A modo de defensa, Catalá ha insistido en que los proyectos que tiene el Gobierno sobre la mesa son la reforma del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, proyectos que van «encaminados a reforzar las garantías de los derechos y el sistema de libertades».
Eso sí, el ministro de Justicia sí considera que es necesaria una reflexión para encontrar un equilibrio razonable entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad y la presunción de inocencia de las personas investigadas en causas penales. Este jueves aseguró que para «garantizar la confidencialidad» existen dos fórmulas: la primera y más complicada es identificar a los responsables de la filtración. Pero en vista de que esta es una tarea ardua, se podría optar por la segunda fórmula que consiste en matar al mensajero, es decir, multar al medio de comunicación que lo pública. Ya ha quedado claro que la medida ni está sobre la mesa ni se le espera, pero el debate ya está abierto. Y en el PP ha generado urticaria.
La primera en salir en defensa de la libertad de prensa ha sido la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. «No estoy en absoluto de acuerdo», ha sido la primera declaración que la exdelegada del Gobierno en Madrid ha hecho en una entrevista concedida a Telecinco. «Los medios tienen que informar. Es su obligación y un derecho constitucional. El debate es equivocado. Me parece que se deben abrir debates en la sociedad española que verdaderamente preocupan a los ciudadanos», ha destacado Cifuentes. La 'popular', inmersa ya en sus actividades de precampaña, ha asegurado tajantemente que «no es un debate del PP ni una propuesta que esté sobre la mesa», y ha señalado que es una opinión del ministro, en su opinión, «desafortunada», que ella no comparte.
Aunque no ha sido la única. «La libertad de información y de prensa es sagrada», ha sentenciado el 'número tres' del PP, Carlos Floriano. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por su parte ha defendido este jueves que el debate sobre las filtraciones de información judicial es lícito y se lo plantean «ciudadanos, medios de comunicación y responsables institucionales», pero ha defendido la necesidad de «ir a la raíz del problema», que no ha situado en quienes difunden los datos, «sino en quien filtra». Para a continuación dar una estocada a Catalá y recordarle que la propia Administración de Justicia tendría que «hacer las reflexiones normales de un Estado democrático» en el que -ha esgrimido- «cuando alguien incumple la ley, hay que saber quien lo hace». «Pero no es el medio el que filtra, alguien filtra al medio», ha puntualizado Feijóo, convencido de que cuando la Justicia «dice que algo tiene que ser secreto», hay que «cumplir su requerimiento». «Empezando por la propia Justicia», ha subrayado, antes de señalar que, a partir de ahí, «los medios publican lo que les dicen». «Supongo que una vez confirmado», ha apostillado.
Por parte del Gobierno, el encargado de dar la cara ha sido el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. El segundo portavoz del Ejecutivo de Mariano Rajoy ha querido zanjar este controvertido debate recalcando que el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha sido «clarísimo» al asegurar que sólo era una «reflexión personal». No obstante, esta reflexión también ha sido respondida desde el sector de la justicia. Según ha aclarado la fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, los medios de comunicación pueden informar sobre procedimientos en curso que estén secretos «siempre y cuando esas comunicaciones no perjudiquen la investigación» judicial, tal y como lo refleja una Instrucción de la Fiscalía que data de 2005 que aplica criterios del Tribunal Constitucional. Y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha asegurado que él opta por la autorregulación de los periodistas y por un «ejercicio responsable» de la profesión «más que por la vía de la represión».
Los periodistas tampoco se han podido callar ante esta «reflexión». La Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) ha reiterado su «rotundo rechazo» a las declaraciones del ministro de Justicia y ha comparado la propuesta con el «silencio y la ocultación de datos propios de etapas dictatoriales». La FAPE ha recordado que el periodismo ha contribuido a reforzar el sistema democrático, precisamente, dando a conocer casos de corrupción y fraude con dinero público que han salido a la luz por su «interés informativo».